Ortiz niega que recibiera información privilegiada durante la tramitación del plan de Alicante

El empresario Enrique Ortiz se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaba citado como imputado por los supuestos delitos de uso de información privilegiada facilitada por funcionario público, cohecho y tráfico de influencias durante el periodo que estuvo tramitándose la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

Ortiz ha pedido al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaración judicial.

Al salir del juzgado, el promotor tampoco ha querido atender a los medios de comunicación. Su abogado, Francisco Ruiz Marco, ha explicado que "el señor Ortiz ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó ni en ningún momento recibió información privilegiada por parte de doña Sonia Castedo, de Don Luis Díaz Alperi o de Don Jesús Quesada. En ningún caso solicitó ni recibió información privilegiada. En ningún caso le fue solicitada por ningún político ni por ninguna autoridad pública. En ningún caso le fue solicitada ninguna dádiva, nunca jamás y nunca él la ofreció. Y también ha dejado claro que no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusación en este momento".

El abogado de la acusación particular del PSPV, Fernando Montalvo, ha confirmado a la salida del juzgado que "[Ortiz] ha negado cualquier implicación en cualquiera de los hechos que aquí se están investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias". Según este letrado, "están alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 días que ha dado el juez para estudiarla". Además, está por resolver "la discusión sobre la validez de las escuchas". El juez de Orihuela que instruyó el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Martín, decidió anular aproximadamente un 20% de las escuchas telefónicas que decidieron practicar sus predecesores en el juzgado, pero ese auto será recurrido por la fiscalía anticorrupción, que pretende validar todas ellas. Los acusados, por su parte, persiguen la anulación de todas.

El desfile de imputados continuará mañana con la declaración de Manuela Carratalá, la mujer de Enrique Ortiz, a la que el ministerio público le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de información y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relación de regalos que distribuyó el promotor entre multitud de políticos del PP.