El juez Eloy Velasco, denunciado al Poder Judicial por la fuga de la etarra

El Consejo General del Poder Judicial tendrá que pronunciarse sobre la actuación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que el pasado 26 de agosto puso en libertad bajo fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde, lo que finalmente fue determinante para que la terrorista se fugara. El pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó ayer una denuncia contra el magistrado ante el órgano de Gobierno de los jueces por lo que considera una negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, y reclama que se le exija la responsabilidad civil prevista en el artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la disciplinaria que se recoge en los artículos 417 y siguientes del mismo texto legal.

El seudosindicato Manos Limpias pide que se le reclame una indemnización

La denuncia precisa que el hecho ha causado una "gravísima alarma social con amplio eco en los diversos medios de comunicación" y destaca que la situación "pone en tela de juicio la responsabilidad de algunos jueces y magistrados cuando se trata de procedimientos que afectan al terrorismo". Manos Limpias solicita al Consejo que abra diligencias previas informativas, paso previo al expediente disciplinario contra el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Paralelamente, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, anunció que hoy informará a la Sala de Gobierno sobre lo ocurrido, por si procediera tomar alguna decisión o simplemente darse por enterada. Sin embargo, el magistrado ya dejó claro que la actuación de Velasco se ajustó a la ley, al margen de que guste o no guste, y que formaba parte de la independencia judicial. Juanes recabó datos de los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzón de cómo se adoptaron las resoluciones que afectaban a Aranalde.

La cronología fue como sigue: el 25 de agosto, la etarra Maite Aranalde, de 26 años, es trasladada desde Francia por miembros de la policía nacional tras haber cumplido seis años de prisión por asociación de malhechores para la preparación de atentados terroristas, el equivalente francés a la pertenencia a banda terrorista del Código Penal español. Estaba acusada de dos causas: una relativa a que formó parte de un comando legal de apoyo a ETA, en el que tuvo acceso a armas y explosivos, y una segunda de haber participado en la colocación de artefactos explosivos en las proximidades de varias gasolineras de Madrid en el inicio del puente de la Constitución de 2004. Sin embargo, por un error burocrático, sólo llegó con la etarra la documentación del primero de los procesos.

A la vista que sólo existe una acusación de tenencia de explosivos en una causa en la que otro de los miembros del comando Iker Olabarrieta había sido absuelto, el 26 de agosto, Eloy Velasco, en funciones de juez de guardia, acuerda la libertad bajo fianza de 12.000 euros de Aranalde. Además adopta una serie de medidas cautelares como comparecencias semanales en el juzgado.

Dos días después, el viernes 28, la fiscalía recurre la decisión del juez y reclama la prisión incondicional de la etarra ante el alarmante riesgo de fuga.

El lunes, día 31, Garzón, juez encargado del caso, revoca la decisión de Velasco y le reprocha que no haya tenido en cuenta el riesgo de fuga. Ordena la detención y prisión de Aranalde, pero la etarra ya se había fugado. Garzón decretó entonces la busca y captura de la terrorista.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, solicitó ayer "responsabilidades" por la fuga de la etarra y opinó que "a alguien le debe caer un paquete gordo porque si no esto volverá a pasar", informa Efe. "Todo el mundo sabía que si podía se iba a largar y por eso creo que alguien tiene que asumir responsabilidades", insistió Basagoiti, quien recordó que, cuando los ciudadanos meten la pata en su trabajo tiene consecuencias, algo que también debe suceder con "aquellos que defendemos las instituciones".