El final de un monopolio

La investidura ayer por el Parlamento de Vitoria del candidato socialista Patxi López como lehendakari de la comunidad vasca ha puesto fin al monopolio de un cargo simbólico y ejecutivo que ha venido ejerciendo el PNV desde su creación institucional en 1936. Tras los mandatos de José Antonio Aguirre y Jesús María Leizaola durante la Guerra Civil y el exilio, una vez restablecida la democracia serían Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe quienes aseguraran sin interrupción durante 30 años la titularidad en el poder -en solitario o en Gobiernos de coalición- del partido fundado por Sabino Arana.

Antes de anunciar -en su última intervención ante la Cámara- el abandono de la vida pública, el lehendakari Ibarretxe justificó su presentación a la investidura con argumentos que descansaron en una lectura del 1-M ajena a la legalidad del Estatuto de Gernika y a la lógica parlamentaria. Frente a la mayoría absoluta obtenida ayer por Patxi López en la Cámara (39 escaños sobre 75: 25 diputados del PSE-EE, 13 del PP y 1 de UPyD), Ibarretxe sólo pudo reunir 35 votos (30 del PNV, 4 de Aralar, 1 de EA), con la abstención de su antiguo socio Ezker Batua.

La resistencia de Ibarretxe a dejar el poder descansa en una lectura del 1-M ajena al Estatuto

Esa fallida argumentación juríco-constitucional aduce que el PNV fue el partido que logró el mayor número de votos y escaños el 1-M y subraya la falta de correspondencia del abanico político representado en el Parlamento con la realidad social del País Vasco. Las peculiaridades del sistema electoral, que asigna 25 escaños a cada uno de los territorios históricos pese a su desigual población y diferentes simpatías partidistas, explicarían en parte las discrepancias existentes en perjuicio del nacionalismo, decisivamente reforzadas por la sentencia ilegalizadora del Supremo de las candidaturas presentadas en nombre del brazo político de ETA.

Aun siendo cierto que la Ley Electoral vasca produce sesgos menores y desigualdades entre los votos provinciales a la hora de transformar los sufragios en escaños, esa normativa -conforme con el ideario confederal nacionalista- reguló todas las elecciones autonómicas anteriores sin que el PNV propusiera su modificación. Y aun siendo también verdad que los candidatos de las listas ilegalizadas patrocinadas por ETA y Batasuna se vieron el 1-M privados del sufragio pasivo, esto es, del derecho a ser elegidos por los votantes, la interdicción no se hizo extensiva al sufragio activo, esto es, al derecho a elegir de los ciudadanos.

Los casi 100.000 votos nulos depositados el 1-M en las urnas expresaron la protesta de aquellos electores que se vieron impedidos de respaldar las candidaturas de su preferencia amparadas por ETA y que se negaron a cualquier opción alternativa. Esa situación de hecho, sin embargo, no puede ser equiparada a una prohibición de derecho que afectase al sufragio activo de los votantes tradicionales de ETA y Batasuna.

En cualquier caso, las razones de fondo de las protestas victimistas de Ibarretxe no son jurídico-constitucionales sino ideológicas. El supuesto derecho del PNV a la permanencia indefinida al frente de las instituciones vascas no es una consecuencia del predominio en las urnas de sus votantes propios o de la mayoría nacionalista en su conjunto. También en otros países se han producido largas estancias en el poder de partidos temporalmente dominantes, pero sin poner nunca en duda el principio democrático de la alternancia. Sin embargo, los líderes jeltzales practican una discriminación ideológica dentro del cuerpo electoral que distingue a los verdaderos vascos, identificados con el nacionalismo y únicos titulares de los plenos derechos de ciudadanía, y a los falsos vascos, relegados a la condición de residentes -aunque ellos y sus ascendientes hayan nacido en ese territorio- por el simple pecado de no compartir las emociones aranistas.

Ya dijo Arzalluz en su día que esos falsos vascos tendrían en una Euskal Herria soberana los mismos derechos políticos que los alemanes en Mallorca y los portugueses en Luxemburgo. La moraleja simétrica es que los 100.000 depositantes el 1-M del voto nulo son verdaderos vascos -pese a su apoyo a las candidaturas ilegalizadas del brazo político de ETA- cuyo respaldo parlamentario Ibarretxe hubiese utilizado -de haber podido hacerlo- en esta legislatura como en las anteriores.