Un salvamento con condiciones

El Departamento del Tesoro ya dispone de los elementos básicos del mecanismo que le permitirá animar el sistema financiero y hacer circular el dinero bloqueado por el derrumbe, hace 13 meses, de las hipotecas basura. Para ello, comprará a los bancos 700.000 millones de dólares (479.000 millones de euros) de deuda tóxica, que mantendrá bajo su paraguas hasta que vuelva la normalidad a los mercados, y evitar así que la economía caiga por el precipicio.

El plan de rescate, negociado en Washington en un tiempo récord, se espera que sea votado hoy por el Congreso de EE UU si no se tuercen las cosas al trasladar las ideas al papel. El presidente George Bush podría estampar así su firma antes de que acabe la semana, para que se haga ejecutiva la que está llamada a ser la mayor intervención pública desde la Gran Depresión.

Se limitarán los premios millonarios a los ejecutivos de las firmas afectadas

El secretario del Tesoro, Henry Paulson, aseguró que el acuerdo de principios alcanzado la pasada madrugada permitirá que el plan "funcione" y sea "efectivo" a la hora de aportar liquidez al mercado. En aras del consenso, al final se ha optado por una fórmula híbrida. Ésta respeta el corazón de su iniciativa y las demandas de los republicanos para limitar el pago directo del contribuyente.

Estos son, en síntesis, los puntos básicos del compromiso ya consensuados y que se espera sea bendecido por Wall Street:

- Compra masiva de activos tóxicos. Se autoriza al Tesoro a que proceda a la comprar masiva de activos contaminados por las hipotecas basura y el colapso del mercado inmobiliario, que están mermando los balances de los bancos. Para ello, se parte en dos la petición original de 700.000 millones de dólares, que se concederán de forma gradual según las necesidades y resultados.

Habrá una primera entrega inmediata de 250.000 millones para la compra de esos activos sin liquidez que no tienen mercado, a la que se sumarán 100.000 millones en caso de que los solicite la Casa Blanca. Los 350.000 millones restantes se movilizarán en primavera, aunque para ello se tendrá que adoptar una resolución autorizando la inyección.

- Los bancos podrán asegurar los créditos. Se crea, en paralelo, un programa avalado por el Gobierno que pretende animar a los bancos que tienen crédito contaminado a que aseguren estos activos, como opción alternativa a venderlos. Es una idea de los republicanos que pretende limitar la intervención pública y el uso masivo de dinero del contribuyente.

- Límites a los desahucios. La Administración podrá renegociar los créditos basura con las entidades participantes en el plan de rescate, para evitar que los propietarios con problemas de impago de sus hipotecas puedan perder sus hogares. Así se pretende mitigar el número de desahucios. Cae la idea de que fuera un juez el que pudiera exigir el cambio de los términos de las hipotecas.

- El Tesoro entrará en el capital de las firmas con problemas. Tendrá una participación en el capital de las firmas financieras que le vendan sus activos contaminados, aunque sin derecho de voto en las decisiones de sus consejos de administración. De esta manera, el contribuyente obtendrá retornos por el dinero público que se invierte cuando las compañías se recuperen de las dificultades económicas.

- Control de los salarios millonarios. El plan incluye una provisión para limitar las compensaciones a los ejecutivos de las entidades que vendan sus activos tóxicos al Tesoro, y evitar premios multimillonarios cuando abandonan las firmas. Eso se conseguiría en parte por la vía de la reducción de incentivos fiscales. Además, se podrían recuperar los bonos vinculados a beneficios si resultan ser falsos o imprecisos.

- Devolución de las ayudas. El sector financiero podría verse obligado tras un periodo (se habla de cinco años) a reembolsar al contribuyente el dinero que movilice el Tesoro para comprar la deuda basura, en caso de que no pueda recolocarse en el mercado. Cae del plan la idea de destinar una parte de los retornos a un fondo para promover viviendas a un precio asequible.

- Creación de un comité de control. Los legisladores no quieren dar poderes absolutos al Tesoro para manejar el plan, e introdujeron así una provisión para tenerlo bajo lupa. Para ello se creará un comité que supervisará y dará transparencia a todo proceso, y que velará por su correcta ejecución antes de liberar el segundo tramo de fondos. Además, las decisiones del Tesoro están sujetas a revisión judicial.

Tanto el Departamento del Tesoro como la Reserva Federal insistieron con urgencia la semana pasada ante el Congreso que este plan de rescate es necesario para restaurar el flujo del crédito en la economía. Y advirtieron de una contracción profunda en la expansión si no se actúa rápido, porque las restricciones que los bancos están aplicando para acceder a los préstamos afectan al consumo, los negocios y al mercado laboral.

Esta fórmula debería permitir que las pequeñas empresas mantengan sus puertas abiertas y evitar la destrucción de empleos. Y es que en Washington se teme por una parálisis total de la economía si las cosas no empiezan a moverse. La inyección masiva de dinero público en el sistema tardará en todo caso algunas semanas en llegar al mercado y el Tesoro deberá definir antes la estructura del programa.

La dificultad, a partir de ahora, será determinar el valor de este crédito tóxico y por cuánto tiempo el Tesoro tendrá esos activos en su poder, porque al no tener liquidez no disponen de un mercado que ayude establecer su precio. Así que el primer impacto del plan se espera que sea psicológico y devuelva la confianza al sector financiero para volver a prestar dinero, y liberar la liquidez atascada.