Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de autopistas

Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico. Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.

En 2010 ya se introdujeron medidas de ayuda a las radiales

Las empresas dicen que el Estado debe asumir su deuda si van a la quiebra

El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.

Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).

La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.

El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.

Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.

Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.

El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.