La mayoría de las comunidades incumple el objetivo de déficit

Las comunidades autónomas tendrán que aplicar una cura de austeridad mayor de lo que esperaban en 2011. Más de la mitad de estas administraciones superaron el límite de déficit para 2010, pese al mayor control que ha ejercido el Gobierno en los últimos meses. El incumplimiento de nueve comunidades, que de forma agregada superan el 2,4% previsto, y el déficit de la Seguridad Social, imputable al paro, han puesto en peligro el objetivo conjunto del año pasado, clave para la credibilidad española. Finalmente, el mejor desempeño de la Administración central ha permitido cerrar las cuentas de las Administraciones Públicas con un desequilibrio del 9,24% del PIB, seis centésimas menos de lo presupuestado, hasta un total de 98.227 millones.

Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña son las más indisciplinadas

"Al igual que en la Administración central, el objetivo de reducción del déficit es irrenunciable para las comunidades. Sus planes de reequilibrio deben incluir medidas adicionales, si es necesario, para llegar a la meta de este año". Este fue el discreto reproche que les lanzó ayer la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, en la presentación del déficit de 2010. Por primera vez se ofrecen datos desglosados de estas administraciones dos meses después del cierre del ejercicio, lo que permite al Ejecutivo señalar claramente a las incumplidoras. En total, el déficit autonómico alcanzó el 2,8% del PIB, cuatro décimas más de lo esperado.

Las desviaciones más flagrantes se localizan, por orden de incumplimiento, en Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña (ver gráfico). Estas comunidades deberán adoptar medidas "con la mayor firmeza posible", según un comunicado del Ministerio de Economía. También sobrepasaron la meta Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón, que necesitarán "actuaciones decididas" para ajustarse a los objetivos. Andalucía presenta una desviación mínima, mientras Madrid -con la mayor holgura- Extremadura, País Vasco, Canarias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias cumplieron lo comprometido.

Estas cifras colocan a Madrid como la única que actualmente puede recibir autorización para endeudarse, pues cumple la triple condición: cuentas ajustadas en 2009, 2010 y 2011 (previsión). El resto solo puede acceder a la refinanciación de la deuda, hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a Hacienda con las comunidades, dé el visto bueno a los planes de reequilibrio autonómico. Ese órgano tiene previsto reunirse entre finales de marzo y principios de abril.

Consciente de que el control de las emisiones de deuda y la incipiente transparencia en las cuentas autonómicas no han bastado para lograr que las comunidades cumplan, la vicepresidenta anunció medidas adicionales. De momento no suenan muy coercitivas, pues consisten básicamente en aumentar la transparencia. Hacienda publicará los planes de reequilibrio de las comunidades y hará un seguimiento trimestral de su cumplimiento (antes se revisaban cada semestre). Además, la información trimestral que ya ha empezado a suministrarse de la ejecución presupuestaria autonómica se afinará para las comunidades que se han desviado de los objetivos. En lugar de presentarlas con criterios presupuestarios, el ministerio aplicará el filtro de la contabilidad nacional para tener una idea más aproximada de cómo cerrarán estas administraciones con la contabilidad homogénea.

El desequilibrio autonómico se ha visto más que compensado con el colchón del Estado. La mejora de los ingresos y la contención de gastos han situado esos desequilibrios en el 5,7% del PIB (sin incluir la deuda de comunidades y ayuntamientos), un punto por debajo de lo esperado. La cifra resulta incluso algo más moderada que la avanzada a finales de enero por la propia Salgado, pero la razón es meramente estadística. El dato de PIB confirmado hace unos días por el INE resulta algo mejor de lo previsto, por lo que los desequilibrios pesan menos.

La buena marcha de los ingresos, que crecieron el 34%, ha sido el principal motor de la corrección del déficit, aunque obedece principalmente a que el año pasado se compensaron muchos de los adelantos de devoluciones de IVA realizados en el año 2009 y se ingresaron numerosos aplazamientos de pago. También influyen las subidas de impuestos. Ambos elementos elevaron la presión fiscal al 31,5% del PIB, frente al desplome que la situó en el 30,4% en 2009.

Más moderadamente actuó la reducción del gasto, del 6%, impulsada por la rebaja de salarios públicos aplicada desde el mes de junio. Pese a todo, la remuneración conjunta de asalariados avanzó un tímido 0,2%, algo que Salgado atribuyó al mayor pago de pensiones de los antiguos funcionarios (incluidas en ese capítulo) por la desviación de la inflación. No obstante, también han incidido los aumentos de plantilla que todavía han registrado algunos departamentos públicos en 2010.