Las inmobiliarias agitan el fantasma de un alza "vertiginosa" de los pisos

Lo que comenzó como un acto que pretendía aportar un poco de tranquilidad al sector del ladrillo terminó convirtiéndose en un aviso de lo que podría ocurrir si se cumplen las peores expectativas de sus empresarios. La excusa era la presentación en sociedad del grupo que las principales inmobiliarias del país han formado para mejorar la imagen de un sector que últimamente está recibiendo demasiados palos.

El presidente del G-14 -el grupo que engloba a las 13 empresas más importantes y a la asociación de promotores madrileños-, Fernando Martín, cabeza a su vez de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, fue el más breve en su discurso. Pero nada de lo que dijo tenía desperdicio.

Aseguró que los precios de los pisos de nueva construcción no van a bajar, que los tipos de interés no van a subir, que muy pronto habrá "operaciones corporativas muy importantes que cambiarán el mapa del sector" y que es intolerable que desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo no se esté tramitando suelo a la velocidad y en las condiciones que serían deseables. Según Martín, ahora se tarda una media de ocho años en urbanizar un suelo, cuando en otros países este periodo no supera el año y medio.

Y ahí cogió carrerilla: "En dos años, el precio de los pisos volverá a subir de forma vertiginosa por el estrangulamiento de la demanda si no se agilizan los plazos para tramitar los planeamientos urbanísticos".

La petición a los ayuntamientos para que abrevien los pasos necesarios para urbanizar el suelo iba acompañada de un panorama apocalíptico si no lo hacían. "Se calcula que por cada vivienda que se deja de construir, se pierden entre 2 y 2,4 puestos de trabajo. Los primeros que irán al paro serán los inmigrantes, lo que provocará importantes conflictos sociales", aseguró.

La predicción de Martín de que el exceso de demanda provocará una nueva escalada de precios (como la vivida a principios de la década) choca con la opinión de los expertos consultados. "Más bien será al contrario. Aquí estamos ante un exceso de oferta, y unos demandantes que no pueden acceder a la vivienda por el encarecimiento de los últimos años. Lo previsible es que se produzca un ajuste de los precios, que ya se está notando. Hay un exceso de stocks inmobiliarios que, según el Banco de España, está sobrevalorado en un 25%", opina José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

El catedrático de la Pompeu Fabra Josep Oliver comparte la predicción de Martín de que en los próximos años la demanda efectiva de viviendas rondará las 450.000 unidades. En lo que difiere es en el resto del análisis que hace el presidente del lobby de las inmobiliarias.

"En las zonas en las que ha habido más problemas puede haberse retrasado la urbanización, pero esta actitud responde a una visión más realista de los propios ayuntamientos, que están limitando los excesos cometidos en el pasado", asegura. "Es cierto que la demanda está un tanto retraída, pero hay todavía mucho recorrido para que el mercado absorba los excesos de oferta hasta que llegue el aumento de los precios del que habla Martín", opina.

Fuentes del Ministerio de Vivienda se limitan a decir que su previsión es que los incrementos de los precios se estabilicen alrededor del 5%, y que se marcan el objetivo de que en un futuro se asimile al IPC.

En los pasillos del hotel donde se celebraba la jornada, Martín continuó dando información que no contribuía a la tranquilidad del sector. Aseguró que el ritmo de ventas había descendido hasta el mes de septiembre un 35%, que las viviendas iniciadas eran ahora un 60% inferiores que las de hace un año, y que el número de visitas de potenciales compradores también había caído en un 45%. Y cargó contra la valoración que la nueva Ley del Suelo hace de los terrenos. "Algunas aplicaciones conservadoras de la ley están perturbando claramente al sector", dijo, aunque acto seguido añadió que ya estaban trabajando con el Ministerio de Vivienda, donde había encontrado una actitud "muy receptiva" a sus peticiones.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, que clausuró el acto, se sumó a la petición que hizo el presidente del Gobierno a las entidades de crédito para que no cerraran la financiación. Especialmente a las inmobiliarias que "afrontan su actividad con un nivel razonable de riesgo. Lo deseable es que los bancos mantengan su apoyo y las empresas sigáis creando empleo y generando riqueza", dijo Chacón entre los aplausos de los empresarios.