Más gasto corriente y menos inversión
El Presupuesto de 2010 arranca con una subida de los costes de funcionamiento y un recorte de proyectos productivos - La falta de recursos eleva la deuda al 62,5%
La austeridad sin precedentes que el Gobierno atribuye a los Presupuestos del Estado para 2010 ha penalizado más la inversión que el gasto menos productivo. Las inversiones reales (incluidas infraestructuras e I+D+i) caen un 9,4% respecto a este año, mientras el gasto corriente (funcionarios, compra de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda o partidas para el desempleo) crece un 17,8%, en los Presupuestos. Esas cifras cuestionan el cambio de modelo productivo que el Ejecutivo persigue y que las inercias presupuestarias -y la necesidad de atender el gasto de desempleo- alejan del horizonte próximo.
Las cuentas públicas de 2010, las primeras de Elena Salgado como vicepresidenta y ministra de Economía, llegaron ayer al Congreso de los Diputados con un alza en todas las partidas de gasto corriente. La que más crece es el pago de intereses de la deuda (un 33%), pues al contar con menos recursos el Gobierno ha recurrido al endeudamiento para financiar políticas de gasto. También suben un 2,7% los gastos de personal por la mejora del 0,3% en el salario de los funcionarios y el mantenimiento de los compromisos de empleo en justicia y seguridad ciudadana.
Las prestaciones de paro son la segunda partida tras las pensiones
Salgado admite que la subida fiscal cae sobre la "amplísima clase media"
Las partidas dedicadas a infraestructuras e I+D+i se reducen
La gran incógnita reside en el cumplimiento de estas cuentas
El alza más moderada se da en la compra de bienes y servicios, que crece cuatro décimas. El Gobierno lo atribuye a los gastos de representación asociados a la presidencia de la Unión Europea, que España asumirá en el primer semestre de 2010. Y las transferencias corrientes (principalmente, a comunidades y ayuntamientos y al pago de desempleo) suben un 20% respecto a los Presupuestos de 2009. Esa subida del gasto corriente también se produce en los Presupuestos consolidados, que incluyen organismos autónomos y otros entes.
En cuanto a las inversiones reales, el Gobierno dice que ha concentrado el recorte en las de reposición, pero tampoco se libran las infraestructuras (con un descenso del 3,9%) o las partidas de I+D+i, que se reducen un 3%.
Con la caída de las inversiones, hay un recorte del gasto no financiero del 3,9%. En todo caso, ese recorte es frente a lo que el Gobierno llama "presupuesto homogéneo", en el que el gasto se ha desbocado sobre las previsiones iniciales, sobre todo por el desempleo y el Plan E. Frente a lo aprobado inicialmente para 2009, el gasto crece un un 17,3%.
El recorte se centra en los ministerios más alejados de la protección social (Cultura, Ciencia, Medio Ambiente, Defensa...). En el otro extremo, la partida de desempleo se sitúa como la segunda más voluminosa, tras las pensiones, con casi 31.000 millones.
Para mantener todos los compromisos, las administraciones públicas (incluidos comunidades y ayuntamientos) han elevado la deuda al 62,5% del producto interior bruto (PIB). Son nueve puntos más que este año y suponen prácticamente duplicar el porcentaje de 2007, cuando la crisis aún no se atisbaba. Pese a todo, el dato queda muy por debajo del 80% que alcanza la zona euro.
Con ese escenario, Salgado se empleó ayer en defender unos Presupuestos que descansan excesivamente en los recursos adicionales que espera lograr a través de la subida de impuestos incluida en las cuentas públicas. Con la ayuda de la retirada de los 400 euros del IRPF, el aumento del IVA y de la tributación sobre el capital, el Ejecutivo confía en ingresar un 21% más que este año, todo un reto si se tiene en cuenta que la economía caerá en 2010.
La vicepresidenta se enfrentó a la paradoja de explicar unas cuentas que se apartan de la línea defendida por los países del G-20 -entre ellos, España- reunidos la semana pasada en Pittsburgh. En ese encuentro, los países más ricos y los emergentes abogaron por mantener los estímulos fiscales hasta que la economía remonte. En ese contexto, Salgado argumentó que la mayor parte de esos estímulos "se mantiene", pese a que la retirada de 400 euros del IRPF, la subida fiscal más cuantiosa, se consideró en su día un estímulo fiscal. Pero las reglas mandan: "El G-20 emitió una recomendación, pero el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento [que insta a mantener las cuentas saneadas en la UE] es una obligación. Es bueno que reduzcamos déficit", cerró Salgado. El déficit conjunto de las administraciones públicas quedará en 2010 el 8,1%, tres décimas menos de lo previsto inicialmente.
La vicepresidenta admitió que esa mayor fiscalidad recaerá "sobre la amplísima clase media", pues es la más numerosa y la que más impuestos paga. Y se mostró reacia a utilizar la palabra rico. "No sé dónde está esa definición. Lo que nos interesa es saber quiénes son los pobres", para atenderlos. Ahí enmarcó la petición de "un esfuerzo moderado al conjunto de los ciudadanos y mayor a quienes más capacidad tienen". Salgado se mostró confiada en la aceptación por parte de los contribuyentes: "Si somos capaces de explicarlo bien, lo entenderán".
Lo que sí dejó claro la ministra es que no cabe pensar en el carácter temporal de esta subida de impuestos, como sugirió José Luis Rodríguez Zapatero la primera vez que aludió a ella. "El presidente del Gobierno dijo que sería un aumento moderado y/o temporal. En estos momentos estamos en el moderado", zanjó con ironía.
Una vez presentadas en el Congreso, a las cuentas del Estado les queda lo más difícil: conseguir los apoyos parlamentarios para salir adelante. El Gobierno tendrá que hacer algún guiño, sobre todo en fiscalidad, si pretende que los grupos minoritarios de izquierda -los primeros a los que recurrirá para aprobarlas- las respalden. "Estamos abiertos a otras posibilidades", concedió la ministra.
La otra gran incógnita de estas cuentas reside en su cumplimiento. Las de 2009 arrancaron con el propósito de ingresar un 18% más de lo que han logrado hasta ahora. Y el gasto se ha desviado un 22%. La incertidumbre que aún envuelve a la economía amenaza con volver a dejar obsoleto el Presupuesto aun antes de aplicarlo.
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