La escuela pública encara su asignatura pendiente: la gestión

La doble oferta de escuelas sostenidas con fondos públicos (públicas y privadas subvencionadas) parece ya inamovible. España es el tercer país europeo con m0enos porcentaje de alumnos en la escuela pública en Primaria y Secundaria (ver gráfico). Ante esa situación, y ante los malos resultados de abandono escolar y de conocimientos de los alumnos, la pregunta sería cuál de ellas funcionan mejor o cómo pueden funcionar mejor las dos juntas, teniendo en cuenta que el análisis de costes y resultados en Educación no puede separarse del hecho de que la enseñanza obligatoria es un derecho fundamental.

El gasto por alumno en centros públicos y concertados es de 5.228 euros, y sólo en la pública es de 6.208, por lo tanto, la concertada sería más barata para la Administración. Pero la diferencia se matiza porque en la concertada hay más alumnos por clase, que sus docentes cobran algo menos que en la pública y trabajan más horas; que la mayoría de estudiantes más difíciles de atender y, por los tanto, más caros (inmigrantes y con necesidades especiales) están en la pública, y que esta llega además a todos los ricones, como las zonas rurales (con menos niños y más dispersos, por lo tanto, más caro).

En cuanto a la eficacia, es decir, los resultados, todos los estudios sobre el sistema español (nacionales e internacionales como Pisa) dicen que no hay diferencias a igualdad de contextos sociales de los alumnos. Pero la privada tiene mejor nota ya que cuenta con más estudiantes de clase media y media alta. Principalmente, porque un padre de la pública gasta la mitad en su hijo estudiante (algo más de 600 euros en 2007, según cifras del INE) que uno de la concertada (unos 1.300): ambos gastan en clases extraescolares o comedor, pero la subvencionada cobra cuotas voluntarias y a veces no aclaran que los son.

Entonces, ¿cuál es el margen para gestionar mejor las escuelas? El profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita aboga por "meter más mercado en la escuela pública, y más Estado en la concertada", esto es, más controles para evitar cualquier tipo de cuotas y selección en la concertada. Pero también, más incentivos que diferencien el mal trabajo del bueno en la pública.

Sin embargo, esto último tiene muchas resistencias. Por ejemplo, los sindicatos están en pie de guerra contra la ley educativa catalana porque ven intentos de privatización en medidas como dar autonomía a los centros y la introducción de evaluaciones, o más poder de decisión a los directores para elegir a parte de su equipo. Para el catedrático de Sociología de la Educación de la Complutense Julio Carabaña, estas medidas no tienen sentido. "Si los resultados no son mejores en la privada, y tampoco está claro que sean más eficientes; es muy difícil de saber por qué hay que contar con los ingresos subterráneos que aportan los padres", esas medidas sólo son una muestra de "impotencia administrativa", asegura. "En educación no funcionan las mismas reglas que en el mercado, simplemente, porque la materia prima no es pasiva, sino activa", insiste.

Para el director del Centro de Altos Estudios de la OEI y ex secretario general de Educación, Alejandro Tiana, es una cuestión de medida: "Sin llegar a criterios meramente mercantiles", como que el director se convierta en un gestor de empresa que pueda despedir o fijar el sueldo de profesores, o que se deje sin financiación a los centros que no funcionan, hay mucho margen "para dar incentivos a los profesores con más dedicación, revisar la asignación de la plantilla o los concursos de traslados" para garantizar equipos estables en los centros, asegura.