¿Qué culpa tienen los vecinos?

Goteras, techos de uralita, edificios sin ascensor, calefacciones comunitarias con pérdidas del 30% de calor por falta de aislamiento, grietas en las paredes, humedades en varias tonalidades, cerramientos obsoletos, redes de agua y electricidad defectuosas, entornos sin mantenimiento.

Las viviendas sociales construidas deprisa en muchos barrios de Madrid en las décadas de los cincuenta y sesenta para acoger las oleadas de inmigrantes del interior se han deteriorado en los últimos años y en muchos casos no reúnen condiciones de habitabilidad. La condición social de sus residentes y su elevado envejecimiento les impide asumir los costes de poner al día las casas o mejorar su nivel de confort.

"Teníamos cerrado el presupuesto de la obra. El pulso político ha paralizado el proceso", protesta un vecino

"Madrid tiene el 9% de las viviendas en mal estado de toda España y el 70% de las que hay en la comunidad"

Los vecinos de estos barrios vivieron la semana pasada un episodio más del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad, ambos gobernados por el Partido Popular, que deja en suspenso los 17,2 millones de euros de ayudas que el Ministerio de Vivienda iba a dar a los proyectos de rehabilitación de 3.441 casas. El ministerio denuncia que el año pasado ya ocurrió lo mismo con 1.939 viviendas, que se quedaron sin las ayudas que los vecinos llevan tiempo reclamando.

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, no acudió el pasado 10 de marzo a la firma del convenio por el que el Ministerio de Vivienda, del PSOE, y la Comunidad, del PP, se comprometen a financiar con 17 millones de euros cada uno la rehabilitación de viviendas en cuatro áreas de la capital. El convenio incluía ayudas para otros siete municipios de la región, cuyos responsables sí acudieron al acto. La responsable municipal avisó que no asistiría porque, a última hora, la Comunidad y el ministerio habían cambiado las normas de juego y habían dejado al Ayuntamiento fuera de la gestión de las obras.

Y si el desacuerdo político tiene unos damnificados, ésos son los vecinos. "En la junta de distrito, el concejal, Ángel Garrido, nos dijo que todo estaba arreglado, pero también nos lo dijeron hace cuatro años. Y a estas alturas no sabemos todavía si habrá que tirar las casas o arreglarlas", dice Lourdes Galán, que regenta una peluquería con grietas abierta desde 1998. Su bloque, al que pertenece la imagen, está en la Colonia Urpisa (Villas de Vallecas), una de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) propuestas.

Una vecina del 5º B tiene en su piso un muestrario completo de goteras, enormes grietas y una puerta que no cierra. Como el resto de vecinos de la colonia, lleva varios años solicitando presupuestos e informes técnicos sobre las obras para adecentar sus viviendas, habitadas en su mayoría por personas mayores con pensiones mínimas, informa Inmaculada de la Vega.

En Manoteras, otro barrio periférico visible desde las torres del Real Madrid, algunos bloques de ladrillo y las casitas en hilera ofrecen la misma imagen de cuando se construyeron en los años cincuenta. Algunos bloques han sido reparados por los propios vecinos, pero el exterior necesita impermeabilizarse y sustituir los tejados de uralita. A pesar de que muchos de los vecinos son mayores, " las casas carecen de ascensor", protesta una mujer cargada de bolsas de compra. En la asociación de vecinos indican que algunos no afrontan reformas urgentes porque les han dicho que iban a recibir ayudas. "¿Dónde están?", se preguntan.

El mayor problema en la Meseta de Orcasitas, promovida por el Ivima entre las décadas de los setenta y ochenta, es el estado del sistema de calefacción centralizada. Paco Palomera, de la asociación vecinal del barrio, dice que las conducciones de la central térmica que caldea a las 2.300 viviendas se construyó sin el aislamiento adecuado. Las canalizaciones están muy deterioradas y las de la red exterior sufren pérdidas del 30%. "Teníamos presupuestos y acuerdos cerrados con las empresas que están haciendo los estudios técnicos de detalles. No hay tiempo que perder para acometer las obras durante la parada de la calefacción entre abril y octubre. El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad nos paraliza todo el proceso, que ya teníamos muy avanzado", se lamenta.

Mientras los vecinos se quejan, los políticos escenifican sus batallas. La responsable de urbanismo del Ayuntamiento envió el lunes una carta a la ministra Beatriz Corredor con copia a la consejera Ana Isabel Mariño. En su misiva, Pilar Martínez proponía convocar una reunión entre las tres administraciones para desbloquear las ayudas del Gobierno central a la rehabilitación de viviendas que están a punto de echarse a perder, paradójicamente, por la falta de acuerdo entre dos instituciones gobernadas por el mismo partido.

El Gobierno central ha presupuestado este año 17,2 millones de euros para rehabilitar 3.441 viviendas en cuatro áreas: la mancomunidad de Santamarca en Chamartín (con una inversión de 160.198 euros), la Meseta de Orcasitas, en Usera (8,62 millones), Manoteras, en Hortaleza (7,82 millones) y Colonia Urpisa en Villa de Vallecas (637.000 euros). A estas ayudas del ministerio que dirige Beatriz Corredor hay que añadir las de la Comunidad y el Ayuntamiento.

"Pido a la ministra que convoque una reunión para alcanzar acuerdos. Si no lo hace, gestionaremos nuestros recursos de forma independiente. No puede ser que el Ayuntamiento aporte 12 millones de euros en Urpisa y Manoteras y se nos quiera dejar fuera de la gestión. No hay justificación institucional para que la Comunidad y el ministerio cambien de modelo y nos dejen a nosotros fuera de la gestión", insiste la responsable del Ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Martínez señala que si el ministerio no destina los 17 millones que había comprometido para la rehabilitación en la capital, estará rompiendo el principio de equidad. "Madrid tiene el 9% de las viviendas en mal estado de toda España y el 70% de las que hay en la Comunidad. Es obligatorio que el ministerio invierta en la ciudad que más necesita la rehabilitación", sostiene.

La Comunidad argumenta que el modelo de gestión que iba a firmar es el habitual en otros ayuntamientos. Y que todos han dicho sí, excepto Madrid. "¿Cómo pueden comparar Leganés, que pone cero euros para rehabilitación, con nosotros, que ponemos 12 millones?", protesta la concejal.

La consejería se ampara en que la ley le atribuye competencias para gestionar estas ayudas decididas en comisiones y en convenios bilaterales entre el ministerio y la región. A los ayuntamientos se les permite participar, pero no es obligatoria su firma. "Podrían bloquearlos", advierten fuentes de la consejería. Desde su toma de posesión, la consejera Isabel Mariño decidió abrir el abanico de ayudas a otros municipios de la región ("Madrid sólo tiene declaradas 55 zonas, además de las cuatro en litigio") y en algunos casos negocia directamente con las asociaciones vecinales, como la de Orcasitas.

Su presidente, Félix Rey, dice que todos los alcaldes han recibido a los responsables de su asociación, salvo Alberto Ruiz-Gallardón. "Cuando Esperanza Aguirre me entregó una medalla en los actos del Dos de Mayo, le dije que la cambiaba por desbloquear la situación", asegura. El director de Vivienda, Juan van Halen, les había convocado el próximo día 25 para celebrar el acuerdo en una asamblea, pero la cita se ha suspendido. "No sabemos si rezar o salir a la calle", concluye.

Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento garantizan que, pase lo que pase, ellos sí que van a destinar sus fondos a rehabilitar. El problema son los 17 millones del ministerio. "Exigimos que cumpla lo firmado en la reunión del pasado 24 de febrero, en la que se comprometió a destinar esos fondos", aseguran en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El ministerio argumenta que la ley le impide destinar esos fondos si el convenio no cuenta con la firma del Ayuntamiento.

El duelo Aguirre-Gallardón no tiene precedentes, opina José Barta, de la consultora estratégica en urbanismo Benyaque. "Con Álvarez del Manzano en la alcaldía y los Gobiernos central y autonómico socialistas, las tensiones eran permanentes, pero siempre se llegó a acuerdos. No entiendo este pulso. Es inconcebible esta batalla política que les hace vulnerables frente al PSOE e imposibilita y retrasa la rehabilitación".