Las cajas avisan al Gobierno de que su plan financiero secará el crédito

El Gobierno no ha hecho caso de las peticiones de las cajas de ahorros sobre la cuantía de las provisiones adicionales, cifrada en 50.000 millones, pese a que le advirtieron de que podría acentuar la sequía del crédito que viven familias y empresas. Según fuentes del sector, el propio Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de la Confederación de Cajas (CECA), y Rodrigo Rato, presidente de Bankia, se vieron con Luis de Guindos, ministro de Economía, el martes pasado. Llevaron dos mensajes claros: si se exigían provisionar 50.000 millones para sanear los activos inmobiliarios en un plazo corto de tiempo, eso pondría en dificultades a la mayoría de las entidades del sector porque afectaría mucho a los beneficios. También le comunicaron que esa medida supondría un recorte aún mayor del crédito, ya que la exigencia de capital incita a las entidades a frenar los préstamos.

Las entidades creen injusto que se exija más capital y provisiones a la vez

La cita con De Guindos tuvo lugar en mismo día que se reunió con los representantes del Consejo Empresarial para la Competitividad. Allí le explicaron la postura contraria de la CECA a las medidas anunciadas por el propio ministro. Anteriormente, altos cargos de la Confederación se entrevistaron con funcionarios de Economía a los que entregaron un documento con abundantes datos que corroboraban, según ejecutivos de algunas cajas, los durísimos efectos que tendrán estas medidas para el sector y para el crédito en general.

Fuentes oficiales de CECA comentaron que "a falta de conocer el contenido de la reforma, creemos que las líneas generales conocidas pondrán a todo el sistema en una situación muy compleja, en función del calendario que se decida". También recordaron al Ejecutivo que "las cajas están a mitad de proceso de reestructuración con cierres de oficinas, salidas a Bolsa, saneamientos, que se complicarán con estas medidas".

El Gobierno, que analizó ayer la reforma en la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sí parece dispuesto a alargar los plazos de las provisiones a aquellas entidades que se fusionen (tendrán hasta diciembre de 2013). Las que continúen solas deberán hacer las provisiones en diciembre de 2012. Las entidades están deseosas de conocer los detalles porque podrían usar las cuentas de 2011 (aún no cerradas) para anticipar provisiones, como han hecho Banesto y Bankinter.

Los 50.000 millones que exigirá el Gobierno a las entidades suponen duplicar las provisiones actuales con las que se cubre la exposición problemática, que engloba créditos dudosos y bajo vigilancia e inmuebles que se han quedado las entidades ante el impago del crédito, que suman 176.000 millones. Hasta ahora, este cúmulo de problemas está cubierto en un 33%, con 50.000 millones. Esta cifra era suficiente para el Banco de España para cubrir las pérdidas previstas en los test de estrés del supervisor europeo (EBA). Sin embargo, los inversores nunca se lo creyeron.

Lo que quiere el Gobierno es que el sector duplique la cobertura y pase al 66%. El objetivo es "alejar definitivamente el fantasma del agujero sin tapar que tiene el sector financiero, según los inversores internacionales", dice un alto ejecutivo de un banco. "Si regresa la confianza, puede mejorar la prima de riesgo y abaratarse el crédito", añade. Los 50.000 millones son una cantidad media entre los 15.000 millones que oficialmente necesita el sector y los 110.000 millones que decía algún banco de inversión. Están en línea con los que ha dicho el BBVA.

La única cesión por parte del Gobierno puede ser que se reparta el cargo de provisiones contra capital y contra resultados, en un porcentaje a fijar por el Banco de España para cada entidad.

En lo que coinciden las cajas con el BBVA y el Santander es que "es injusto pedir al mismo tiempo un alto nivel de capital y unas elevadas provisiones". Una de las grandes entidades, según fuentes del mercado, pide al Gobierno que convenza a la EBA de que elimine la exigencia de más capital para cubrir el riesgo de pérdidas en la deuda soberana "porque no es real. Si lo lograra, en lugar de los 26.000 millones que pide a los cinco grandes (Santander, BBVA, Caixa, Popular y Bankia), la factura se rebajaría en unos 14.000 millones, una cantidad significativa", señalan.