Vivienda hará 20.000 pisos en el suelo que compre a inmobiliarias

La idea consiste en matar dos pájaros de un tiro: el Estado echa una mano a las inmobiliarias, que hoy pasan sus días más grises porque no logran cerrar ni una operación en el mercado. Y de paso el Gobierno central consigue solares donde levantar los pisos de protección oficial que se ha comprometido a hacer. Tres meses después de anunciarlo, la ministra Beatriz Corredor dio ayer más detalles sobre la oferta pública de compra de suelo: durará cuatro años y permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.

La oferta de compra cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros a los que SEPES, la sociedad pública gestora de suelo, sumará otros 130 millones para urbanización. Las parcelas que ofrezcan las inmobiliarias deberán tener una superficie que permita construir al menos 300 viviendas -excepto en el caso de Ceuta y Melilla, que llega con 150- y estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes. El ministerio acepta rascarse el bolsillo, pero sólo pagará el precio del suelo de vivienda protegida.

Las inmobiliarias que quieran deshacerse de solares pueden presentar sus solicitudes desde hoy hasta el 29 de diciembre. A partir de ese día, SEPES tendrá cuatro meses para estudiar las ofertas. Además de explicar la compra de suelo, Corredor también se reunió ayer con las comunidades autónomas y los agentes sociales para presentarles el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

El ministerio quiere evitar que a la ya catastrófica situación del sector inmobiliario se una un parón en la construcción cuando se ponga en marcha el nuevo plan cuatrienal. Por ello ha incluido una disposición que amplía los ingresos mínimos para acceder a una vivienda de precio concertado, las destinadas a rentas más altas dentro de la protección oficial.

Si hasta ahora no se podía ganar más de 45.427 euros al año para acceder a esta modalidad, la ministra anunció que el máximo se amplía hasta 48.922 euros (es decir, de 6,5 veces el IPREM a siete veces). Eso sí, esta flexibilización sólo es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2009.

Además, el Gobierno da más alegrías a los promotores. Facilita a los que hoy por hoy no logran vender su stock que puedan reconvertir viviendas libres en protegidas. Los empresarios del ladrillo ya se beneficiaron de una modificación del plan anterior que les permitía reconvertir a protegidos los pisos que llevaran un año en el mercado sin venderse. Y ahora Corredor les da más facilidades para esta transformación.

Otra de las novedades del plan es que incluye financiación para los alojamientos temporales destinados a colectivos con necesidades específicas. En este saco se incluye a grupos tan dispares como estudiantes, científicos y mujeres maltratadas.

La ministra Corredor especificó que el mínimo de 30 metros cuadrados -que se establece de forma subsidiaria a las comunidades que no hayan fijado un límite- no afecta a los alojamientos para estos colectivos. "No son comparables a una vivienda, están destinadas a un periodo de tiempo determinado y disponen de áreas comunes", explicó.

El plan que regirá la política de vivienda de los próximos cuatro años apuesta por primera vez por el alquiler con opción a compra. Corredor detalló ayer que el periodo de alquiler será de 10 años, y que el precio será el que afecte a los pisos concertados, los más caros entre los de protección oficial, si bien las comunidades autónomas tendrán la última palabra en la configuración final de esta figura.

Una vez presentado el borrador, comunidades y agentes sociales realizarán sus aportaciones con la vista puesta en el próximo 5 de noviembre, cuando el borrador será aprobado definitivamente en la conferencia sectorial que se celebrará en Barcelona.