Trabajo autoriza a Telefónica el ERE que afectará a 6.500 empleados
El departamento que dirige Valeriano Gómez destaca que es el primer expediente de regulación que no va ocasionar costes al Estado ya que el operador destinará 350 millones a políticas de empleo
El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Dirección General de Trabajo, ha autorizado hoy el Expediente de Regulación de Empleo por el que Telefónica despedirá hasta un máximo de 6.500 trabajadores en España hasta 2013 y que ha recibido el visto bueno de los sindicatos. El departamento que dirige Valeriano Gómez destaca, además, que será el primer ERE de una empresa con beneficios que no va a ocasionar costes al sistema de protección por desempleo, ya que el operador destinará 350 millones de euros de sus propios fondos para reintegrar el coste de prestaciones por desempleo.
En una nota de prensa, Trabajo destaca que Telefónica abonará estos 350 millones, que equivale al coste de las prestaciones por paro que recibirán los afectados por el ERE -que pueden inscribirse en él de forma voluntaria-, a un fondo para políticas activas de empleo.
Además, celebra que "desde la solicitud inicial de la empresa, se ha reducido el número de trabajadores afectados de 8.500 a 6.500". De forma destacada, Trabajo valora el hecho de que "los procesos de reestructuración de las empresas para adaptarse al sector en el que operan se hagan, como en este caso, mediante el acuerdo con los representantes de los trabajadores".
Para facilitar este acuerdo, Telefónica, que cerró 2010 con unos beneficios de 10.000 millones de euros, se ha comprometido a llevar a cabo un plan social y crear unos 450 nuevos puestos de trabajo, así como un plan de becas para jóvenes que beneficiará a unas 4.000 personas, recuerda el departamento que dirige Valeriano Gómez.
En la misma línea, el Ministerio recuerda que el nuevo acuerdo incorpora un plan especial de recolocación, financiado a partes iguales entre empresa y trabajador, para aquellos trabajadores que se desvinculen de la empresa que así lo soliciten y articula previsiones para el mantenimiento del empleo en las provincias (a través de la formación y recualificación de los trabajadores) o la incorporación a otras empresas del grupo.
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