Telefónica plantea otra batalla por Vivo

Telefónica ha dicho "no" por primera vez a sus antiguos socios de Portugal Telecom (PT) en la pugna que mantiene desde hace más de dos meses con la portuguesa por hacerse con el control de Vivo, la mayor compañía de telefonía móvil de Brasil. La multinacional que preside César Alierta anunció ayer oficialmente que retira su oferta de 7.150 millones de euros por el 30% de Vivo que está en manos de PT. La ruptura se produce tras otra dura semana de negociaciones que culminó en la madrugada del viernes, cuando expiraba el plazo de la oferta.

El desencuentro se escenificó con un cruce de cartas. Primero, en la madrugada del viernes al sábado, 21 minutos antes de que expirase la oferta, el consejo de PT envió una carta por fax a Alierta, y a su consejero delegado, Julio Linares, en la que aseguraba que "las negociaciones con Telefónica han progresado de una manera constructiva y el consejo de PT está comprometido a hacer sus mejores esfuerzos para concluirlas de una manera que satisfaga los intereses de todas las partes". "A la vista de esto", proseguía, "y para continuar trabajando en busca de un desenlace positivo, el consejo PT ha decidido hoy solicitar una extensión final de la validez de la oferta hasta el 28 de julio".

La operadora española puede disolver la sociedad conjunta con PT

Un cruce de cartas en la madrugada del viernes oficializó la ruptura

Telefónica, sin embargo, se mantuvo firme y contestó con otro fax dirigido al presidente ejecutivo de PT, Zeinal Bava; al presidente del consejo, Henrique Granadeiro, y al conjunto del consejo: "Como ya les hemos comunicado verbalmente antes de la expiración de la oferta, les confirmamos que la oferta, de acuerdo con sus términos y condiciones, expiró el 16 de julio a las 23.59 horas de Lisboa".

Antes de ese cruce de cartas hubo negociaciones hasta el último minuto. Fuentes conocedoras del proceso señalan que Telefónica exigió para ampliar el plazo que PT firmara algún compromiso de aceptación de la oferta, aunque fuera condicionada a que se incluyeran en ella una serie de mejoras, como una subida del precio hasta los 7.500 millones o un acuerdo industrial, materias que se habían tratado en las negociaciones de los últimos días.

Fuentes próximas a PT indican que no podían firmar esa aceptación condicionada porque no poseían el mandato del consejo para hacerlo, sino solo para negociar la ampliación del plazo en 12 días, y porque no podían presentar a su Gobierno una política de hechos consumados. Al no haber acuerdo, ni sobre la oferta, ni sobre la prórroga, Telefónica comunicó ayer a la CNMV que la oferta "ha quedado extinguida".

Lo que no se ha extinguido es el interés de Telefónica por Vivo. Al contrario, la operadora española está dispuesta a redoblar su empeño y endurecer su postura. Para ello, explora las vías legales para disolver Brasilcel, la sociedad holandesa al 50% con PT, que es la tenedora del 60% de Vivo. Sus servicios jurídicos tienen muy estudiadas las opciones y no habrá anuncio al respecto hasta que no haya una decisión. Pero el puñetazo encima de la mesa que ha dado Alierta no significa tampoco que todos los puentes con PT se hayan roto definitivamente.

Los accionistas de la portuguesa están declaradamente a favor de vender Vivo, como hicieron ver en la junta del pasado 30 de junio. Sin oferta formal, la cotización de PT puede sufrir un duro castigo -en la última sesión del viernes cayó un 4,5%- aumentando la presión sobre la dirección, que tendrá que explicar a los accionistas por qué ha renunciado a 7.150 millones y ve caer el valor de la compañía. Pese a ello, PT cree que sale mejor parada que Telefónica. Conserva su parte en Vivo y ha fijado un suelo a su valoración, mientras que Telefónica no ha logrado su objetivo.

En realidad, no lo ha logrado porque el Ejecutivo de José Sócrates vetó la operación mediante la acción de oro en la junta del 30 de junio. Ni la sentencia del Tribunal de la UE que declaró ilegal esa acción de oro, ni las presiones de accionistas de referencia como Banco Espirito Santo u Ongoing han hecho variar un ápice al Gobierno, que exigió cambios sustanciales en la oferta.

Desde Portugal, se considera que la ampliación del plazo en 12 días habría permitido lograr cambios y limar asperezas. Tanto en el entorno de PT como en el del Gobierno de Sócrates, se cree que Telefónica ha actuado de forma agresiva frente a un socio de más de una década y no ha tomado en cuenta la especial sensibilidad lusa frente a las compañías españolas. Fuentes portuguesas creen que Telefónica debió buscar un acuerdo amistoso y no lanzar un órdago que ponía en una situación difícil tanto a los gestores de PT como al Gobierno. En Portugal sentaron fatal las amenazas de una opa hostil contra PT o las de cortar el grifo de los dividendos de Vivo para asfixiar a la lusa.

Los portugueses reprochan a Telefónica que haya planteado una política de hechos consumados. Solo al final Telefónica tendió la mano a un verdadero diálogo, interpretan, y aunque el acuerdo estaba cerca, la española no accedió a ampliar el plazo.