Solbes rechaza vincular la nueva financiación a las balanzas fiscales

El Ministerio de Economía no publicará las balanzas fiscales, incumpliendo una promesa de José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco se pronuncia acerca del reciente estudio de la Fundación BBVA sobre lo que aportan y reciben las comunidades de la Administración central, que ha levantado una enorme polvareda política y académica. Varios partidos critican lo resultados y anuncian una guerra de cifras.

Y algunas comunidades, como Madrid, se han aferrado a los datos para reclamar cambios en el sistema de financiación autonómica, que se reformará la próxima legislatura. En el centro de esa polémica, el departamento que dirige Pedro Solbes rechaza de plano "vincular el cambio en el sistema de financiación a cualquier resultado de las balanzas fiscales", según un portavoz.

Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana aportan a la Administración Central más de lo que reciben, según el estudio. El déficit fiscal de Madrid duplica el de Cataluña con la metodología elegida, "una de las dos posibles", destaca un portavoz de Solbes para justificar el silencio del ministerio respecto a los datos.

Lo único que avanza Economía es que los resultados de las balanzas no van a influir en las negociaciones para la reforma de la financiación, que se pondrá en marcha tras las elecciones y se presume complicada. Al margen de la creación de un consorcio entre la Agencia Tributaria central y la catalana, Solbes apenas ha dado pistas sobre las novedades, más allá de principios generales: mayor corresponsabilidad fiscal para las comunidades, y la garantía de una financiación similar de los servicios básicos para todos los ciudadanos, lo que supondrá un mayor peso de la población en las normas que rigen la solidaridad del sistema.

Los ricos pagan más

"Las balanzas no son el instrumento adecuado" para encarar las negociaciones con las comunidades autónomas, destacan fuentes de Economía. El estudio confirma que las regiones ricas pagan más, y las más pobladas reciben más recursos, por lo que la solidaridad interterritorial "está funcionando", en palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El problema es la intensidad de esos superávit y déficit fiscales.

Como ocurre también con la misma controversia en la UE, nada más tóxico que la publicación de las balanzas para el enconado debate territorial. Solbes vaticinó hace unas semanas que la publicación de las balanzas provocaría "confrontaciones territoriales". No se ha equivocado. Tras conocerse su abultado déficit fiscal, Madrid no ha tardado en presumir de "solidaridad". Su vicepresidente, Francisco Pérez, reclama a la Administración más inversión y cambios en el modelo que reflejen el aumento de población de la comunidad.

"Cataluña aporta muchísimo menos que Madrid", apunta Javier Arenas, del PP. CiU, ERC e ICV critican el "sesgo" del estudio y piden la publicación de las balanzas oficiales, al igual que el PSC. Ante el superávit fiscal del País Vasco, el PNV niega que el concierto económico sea insolidario y solicita también los datos al Gobierno. Andalucía y Extremadura, dos de las regiones con mayor superávit fiscal, rechazan que las balanzas se tomen como referencia para la financiación y aclaran que los impuestos "no los pagan los territorios, sino los individuos", dice Manuel Chaves.

Uno de los autores del estudio, el catedrático de la Universidad de Zaragoza Ramón Barberán, echa de menos "una mayor cordura en el análisis de la solidaridad". Porque incluso los expertos entran en la escalada de declaraciones. El trabajo opta por no incluir las inversiones de empresas públicas (los aeropuertos, el AVE, etc.). Y, por ejemplo, asigna el gasto en el Museo del Prado en un 75% a Madrid, y el 25% al resto de comunidades en función de la población. El enfoque no utilizado atribuiría a Madrid el gasto en el Prado.

"El déficit fiscal de Madrid sería inferior, y el de Cataluña mayor, con la metodología no utilizada. Los resultados son discutibles", analiza Núria Bosch, de la Universidad de Barcelona. Guillem López, de la Pompeu Fabra, anticipa "una guerra de cifras" porque el estudio "no atiende al mandato de la comisión de expertos", informa Serafí del Arco. Para Alfonso Utrilla, de la Complutense, y Pablo Alcaide, de Funcas, los datos "son fiables". "Pero no pueden servir como arma arrojadiza en términos de solidaridad", remacha Alcaide. Luis Caramés, de la Universidad de Santiago de Compostela, aduce que la falta de empresas públicas incide en "el riesgo de influir en el saldo fiscal".

"Son llamativos algunos ataques cuando el libro aún no se ha distribuido y la metodología no se conoce en detalle", se defiende Ramón Barberán, que aclara que de los resultados en valores absolutos "no se pueden sacar conclusiones rotundas sobre solidaridad". "No se han incluido las empresas públicas porque no se dispone de información. Y si la acusación, en el caso del Prado, es la arbitrariedad en la asignación del gasto, eso mismo pasa con buena parte de las estadísticas que estiman macromagnitudes", apostilla.