Solbes fija en el 10% la inversión en Bolsa de la 'hucha' de las pensiones

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, desveló ayer uno de los aspectos críticos del proyecto para privatizar la gestión de parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La reforma prevé que el fondo, constituido para pagar las pensiones en caso de crisis del sistema, invierta una porción de su patrimonio en Bolsa. Solbes precisó que "será siempre un porcentaje relativamente pequeño, en el entorno del 10% del total".

El Consejo de Ministros envió el viernes pasado al Congreso el proyecto de ley con la reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La principal novedad del proyecto, pactado con los sindicatos y la patronal, es permitir al Gobierno que externalice la gestión de parte del fondo: la Administración central convocaría concursos públicos para asignar paquetes del fondo a gestoras privadas que tendrían autonomía para invertir el dinero conforme a unos límites generales. La hucha de las pensiones, que se nutre del superávit de la Seguridad Social (muy notable en los últimos años por la incorporación de trabajadores inmigrantes y la creación de empleo), acumula más de 40.000 millones de euros en poco más de seis años de existencia.

El proyecto de ley remite a un futuro reglamento para fijar un tope máximo a la parte del fondo que se externalizará y para definir, dentro de lo que se adjudique a gestores privados, cuánto se podría colocar en Bolsa, una posibilidad hasta ahora vetada. Excepto una mínima fracción en depósitos bancarios, el fondo que gestiona la Administración está colocado en su totalidad en deuda pública (española y de Gobiernos extranjeros), la única alternativa que permite la legislación vigente. "La renta fija es una de las opciones de inversión, pero tampoco debemos despreciar las posibilidades que puede ofrecer que una parte del fondo se invierta en renta variable", sostuvo Solbes, en una entrevista con la cadena SER.

Rentabilidad

"El objetivo final es garantizar al máximo los rendimientos de ese fondo para ser utilizado en las pensiones contributivas", añadió el ministro de Economía, quien destacó que la combinación de inversiones en deuda pública y Bolsa es "el modelo que se aplica en otros países". Según un informe de la Asociación Internacional de Seguridad Social, distribuido por el Ministerio de Trabajo, de la decena de países que han hecho una separación legal entre el sistema de Seguridad Social y el fondo de reserva, España es el único que invierte todo el dinero en deuda pública, mientras que la porción invertida en Bolsa varía entre el 2,3% de Polonia y el 78,75% de Irlanda.

Solbes insistió en que el límite que quiere aplicar el Gobierno para la inversión en Bolsa, un 10%, es "pequeño" si se compara con el que permiten otros países y precisó que "si se hace bien", la inversión de parte del fondo en renta variable "no debe provocar ningún temor". El dinero invertido en Bolsa ha obtenido en los últimos años un rendimiento mayor que el colocado en deuda pública, pero la renta fija da máximas garantías de que se recuperará lo invertido, unas garantías que no existen en el caso de la renta variable.

El anuncio de Solbes cogió con el paso cambiado a los agentes sociales. Sindicatos y patronal habían acordado con el Gobierno que empezarían a negociar el reglamento una vez finalice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Y en esa negociación debían dirimirse los topes máximos de externalización del fondo e inversión en Bolsa, entre otros elementos cruciales de la reforma -también faltan por definir las medidas para evitar injerencias en la gestión de las empresas en las que el fondo tome participaciones-.

"El anuncio nos ha parecido inconveniente, es una decisión que tenía que negociarse aún con los agentes sociales, es unilateral y sorprendente", afirmó el director del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García. "Solbes no ha sido coherente con lo que establece el proyecto de ley ni con lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno, ha sido imprudente", agregó Jesús Pérez, secretario confederal de Empleo de UGT. Ambos dirigentes sindicales también coincidieron en defender el proyecto por su combinación de "rentabilidad y seguridad". La patronal CEOE no hizo comentarios ayer sobre el anuncio de Solbes.

El Gobierno pretende tramitar de forma urgente el proyecto de ley. Pero al rechazo inicial del PP, que anunció incluso una enmienda a la totalidad, se unieron ayer Izquierda Unida y el PNV, lo que haría imposible que la reforma se aprobase esta legislatura.