Solbes evita la palabra crisis y habla de una "desaceleración significativa"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, mantiene su postura sobre su diagnóstico de la economía española. Para Solbes es más apropiado hablar de "desaceleración significativa", que de crisis. En el mundo financiero el uso del lenguaje incomprensible se está generalizando a un ritmo de vértigo. Para el Banco Central Europeo tampoco existen por ejemplo las crisis o turbulencias financieras, sino que es más ajustado hablar de "correcciones del mercado". El vicepresidente, sin embargo, estuvo más claro cuando expresó su preocupación por el crecimiento de la inflación y señaló que era especialmente importante, evitar los efectos "de segunda ronda".

Se trata de evitar que los precios de los carburantes acaben contagiando otros productos y sobre todo a los salarios.

La preocupación por la subida de la inflación está generalizada en toda la Unión Europea. Los países del euro han alcanzado el 3,6% en mayo, cuando el objetivo del BCE es del 2% en el medio plazo. En España la situación es más grave, porque los precios han escalado hasta el 4,7%. El responsable de la política económica española, precisó, no obstante, que si no se tuvieran en cuenta los productos petrolíferos y los alimentos, el índice de precios al consumo sería inferior al 3%.

Solbes, al igual que la mayoría de los ministros del Eurogrupo, se mostró contrario a bajar el IVA de los productos petrolíferos para suavizar el impacto de la espiral de los precios del petróleo. En su opinión la idea suscitada por Sarkozy la semana pasada "no es una buena idea", porque además según la normativa comunitaria no existe margen para aplicar rebaja alguna. La mejor respuesta es mejorar la eficiencia y reducir el consumo.

Solbes recordó que el Gobierno ha iniciado negociaciones con los colectivos más afectados como el de los transportistas y pescadores para aplicar medidas de ayudas concretas. En materia de pesca, la Unión Europea permite a los Estados miembros establecer ayudas sin necesidad de notificarlas a la CE de hasta 30.000 euros por beneficiario.