Sangre entre gremios argentinos
Los sindicatos pugnan violentamente por el control de los principales sectores
Los gordos son los dirigentes sindicales de los gremios más importantes de Argentina que apoyan al secretario general de CGT, Hugo Moyano. La gran central argentina, considerada siempre como la columna vertebral del peronismo, actúa prácticamente como central única, porque es la única a la que se reconoce el derecho a negociar convenios y acuerdos salariales, pero eso no quiere decir que no existan luchas con la segunda central, CTA, por conseguir afiliados. O, incluso, que no se produzcan riñas internas en un mismo gremio, para saber quién controla la organización.
Las peleas no se dirimen siempre en asambleas o en votaciones, sino, muy a menudo, a palos y a cadenazos en plena calle y, a veces, incluso, a tiro limpio. Eso es precisamente lo que viene pasando desde hace unas semanas en La Pampa, donde se pelea, y se mata, por el control de los trabajadores del sector petrolero. O en Rosario (Santa Fe) donde se intenta evitar a puro tiro que el gremio local de trabajadores de la industrial lechera se independice de la CGT. El resultado de las dos batallas, por ahora, es un muerto en cada lado y varias decenas de heridos, algunos de bala.
A tiros en el petróleo
El sector petrolero es uno de los más apetecibles desde el punto de vista gremial. Los sueldos que se pagan en los yacimientos de hidrocarburos son muy superiores a la media del país: entre tres y cuatro veces más que el de un empleado público, por ejemplo.
En la provincia de La Pampa las cosas están que arden para ver quien se hace con el control de unos 1.100 trabajadores, operarios del yacimiento de El Corcovo. El pasado 20 de noviembre, en la localidad de 25 de Mayo se enfrentaron por un lado los dirigentes del sindicato del petróleo de Bahía Blanca y la Unión Obrera de la Construcción de Mendoza (que enrola a los albañiles que trabajan en los yacimientos) y que en teoría tienen "jurisdicción" en la zona y por otro, el Sindicato del Petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que quiere entrar en el Corcovo, sea como sea.
La cuestión es que los primeros se plantaron al amanecer en una carretera para cortar el tráfico e impedir que los segundos ocuparan el lugar. Los petroleros de Río Negro y Neuquén arremetieron con fuerza y empezaron a sonar los tiros. Ariel Quiroga, de 31 años, con tres niños de 5, 6 y 7 años, miembro del sindicato de la construcción, huyó en medio de la balacera y cayó a un canal. Unos dicen que se ahogó, sin más. Otros, que le estuvieron golpeando hasta que se soltó de los matorrales en los que había conseguido agarrarse. Hubo un número indeterminado de heridos, alguno de bala.
En Rosario las cosas no están mucho mejor. Allí fue asesinado hace un año el tesorero de la Federación de Camioneros, Abel Beroiz. Ahora el problema se plantea con los lecheros. El sindicato local, con ínfulas independentistas, celebraba una reunión cuando apareció un nutrido grupo de sindicalistas con las típicas camisetas amarillas que identifican a los seguidores de Moyano, de la CGT, bien provistos de palos y barras de hierro. A unos 200 metros del local cayó fulminado de un tiro en el pecho Héctor del Valle, de 50 años, del sector nacional. Los locales aseguran que no fueron ellos sino la barra brava del equipo de fútbol local que se mezcló en la pelea. Resultado final, quince heridos.
Lo más grave parece ser lo de la Pampa, en concreto lo de Colonia 25 de Mayo, donde los diarios locales dan cuenta de la llegada de cientos de trabajadores que buscan los altos sueldos del sector petrolero y donde proliferan los incidentes a tiros. Tiene 12.000 habitantes, casas bajas y un viento que no para, según la describe el periodista Sergio Romano en Diario textual.com. "Los sindicalistas se pavonean por la calle, con pistolas en la cintura, pero en 25 de Mayo, un pueblo del Far West, los policías no encontraron nunca una pistola".
La semana sindical argentina terminó con otra noticia: la Cámara de Casación ha decidido cerrar la causa abierta por el desvío entre 1996 y 2000 de un crédito del Banco Mundial de 285 millones de dólares destinado a modernizar y sanear las obras sociales sindicales. La decisión judicial no dice nada de donde está el dinero. Simplemente advierte que los posibles delitos habrían prescrito ya según la ley. Entre los involucrados inicialmente en el expediente figuraban 350 sindicalistas, entre ellos varios gordos.
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