Salgado cede ante los Ayuntamientos y reabre el grifo del crédito en 2011

La inmensa mayoría de los Ayuntamientos podrá pedir créditos en 2011, año de elecciones municipales, y esquivar así la prohibición que les había impuesto el Gobierno en mayo. El anuncio, realizado ayer por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, pretende apaciguar a los municipios, que habían ejercido una fuerte presión al Gobierno asfixiados por la falta de liquidez. Pero encierra una trampa. Porque los requisitos exigidos para acceder de nuevo al crédito excluyen a buena parte de los grandes Consistorios españoles, entre ellos Madrid y Valencia, gobernados por el PP, que seguirán sin poder recurrir a los préstamos.

Con la decisión de relajar la férrea prohibición de endeudarse en 2011, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, persigue calmar las iras de muchos Consistorios, que no pueden pagar obras comprometidas -en algunos casos ni siquiera la prestación de servicios básicos como la recogida de basuras- por el desplome de sus recursos. "Más de tres cuartas partes de los Ayuntamientos tendrán capacidad de endeudarse para acometer inversiones el año próximo", anunció Salgado durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados como concreción de esas nuevas directrices. Se trata de la segunda rectificación del Ejecutivo sobre el freno al crédito municipal que decretó en mayo con carácter inmediato y que retrasó a 2011 poco después.

El Gobierno rectifica por segunda vez tras la presión municipal

El endeudamiento local supone un 5% del total de las Administraciones

Pero los detalles desinflaron la euforia inicial, pues como requisito para poder seguir endeudándose, el Ministerio de Economía fijará que el endeudamiento de cada entidad local quede por debajo del 75% de sus ingresos corrientes. Los datos elaborados por este periódico a partir de la deuda de 2009 respecto a la liquidación de ingresos del mismo año arrojan que 34 de las 50 capitales de provincia pueden acogerse al indulto del Gobierno. En el grupo de las cumplidoras figura Barcelona, pero entre las 17 ausencias hay algunas muy sonadas, como Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga. Y aunque el color político de las vetadas es variopinto, el hecho de que los dos grandes bastiones del PP queden fuera encendió ayer los ánimos de este partido.

En cualquier caso, la lista de ciudades beneficiadas y damnificadas podría variar ligeramente si al plasmar las novedades en la Ley de Presupuestos se utiliza información de 2010 u otras variables que ahora se desconocen. Murcia, por ejemplo, con una deuda del 77% sobre sus ingresos, podría fácilmente pasar al grupo de las ciudades con capacidad para endeudarse.

También afectarán a esa clasificación los vencimientos de deuda previstos para el año próximo. Los municipios que ahora rebasen el 75% de deuda, pero que tengan prevista una amortización en el calendario de 2011 que la sitúe por debajo del tope, podrán acceder también al crédito. El nuevo endeudamiento que acometan no deberá superar en ningún caso ese tope, explica el Ministerio de Economía.

Casi al mismo tiempo que Salgado avanzaba esta novedad en el Congreso, su número dos, Carlos Ocaña, se reunía con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para explicar los detalles. El presidente de la federación, Pedro Castro, celebró este balón de oxígeno, pero consideró "mínimo" el tope de endeudamiento del 75%, que solo sirve para "empezar a negociar". Fuentes de este organismo aseguran que hay previstas más reuniones con Hacienda para intentar, por ejemplo, salvar de estas restricciones las inversiones plurianuales o los proyectos que cuenten con financiación de otros organismos.

Mucho más duros que Castro se mostraron dirigentes del PP, especialmente quienes comprobaron que la medida no les aliviaba en absoluto su situación. "No es cierto que seamos el problema, ni en volumen de deuda ni en la dinámica de aumento", se queja Juan Bravo, concejal de Hacienda de Madrid, la ciudad más endeudada de España respecto a sus ingresos, después de Teruel.

Bajo los recelos del Gobierno a dar vía libre al crédito municipal subyace el compromiso adquirido ante los mercados y los organismos internacionales de reducir el déficit público del 11,2% registrado en 2009 al 3% en 2013. Y a los Ayuntamientos les corresponde hacer un gran esfuerzo el año próximo para reducir de golpe cinco décimas de PIB. No obstante, el endeudamiento municipal supone un 5% del total de las Administraciones públicas, por lo que una desviación en este capítulo altera muy levemente el cómputo final de déficit.

Más que en la relajación relativa de las restricciones al endeudamiento, Salgado quiso ayer poner el acento en la mejora que experimentarán los ingresos municipales a cargo del Estado el año próximo. Esa dotación subirá un 9%, hasta 14.443,46 millones de euros, según sus cálculos. El aumento obedece al crecimiento que se espera para los ingresos en 2011, aupados por la subida del IVA. La Moncloa anima, a través de un argumentario, a incidir en este efecto positivo derivado de la subida de impuestos.