El Prat y Barajas serán gestionados por una sociedad mercantil con comunidades y ayuntamientos

El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado esta mañana en Barcelona que antes de final de año llevará al Consejo de Ministros la nueva organización de AENA, que incluye la separación de los aeropuertos y la navegación aérea, así como que cada aeropuerto sea gestionado por una sociedad mercantil creada al efecto.

La medida, precisó Blanco, afecta al aeropuerto de El Prat y "satisfará la sensibilidad y las exigencias de Cataluña, así como los deseos del Gobierno catalán", pero no es una solución para un único aeropuerto sino para todo el sistema aeroportuario español. Los aeropuertos que pasarán a ser regidos por sociedades mercantiles serán aquellos autosuficentes económica y financieramente. En estos momentos, hay dos aeropuetos que cumplen estas condiciones: Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) y no se dispone de datos precisos sobre Palma, Málaga y los de Tenerife.

Las sociedades mercantiles, dijo Blanco, estarán formadas por personas en representación de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y las Cámaras de Comercio. No obstante, el ministro no quiso dar más detalles, más allá de asegurar que el proyecto irá a Consejo de Ministros "antes de acabar el año, como me comprometí".

Blanco anunció también que el 30 de diciembre firmará un convenio con el consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, para el traspaso de 50 kilómetros de la Nacional II a su paso por la comarca del Maresme. Este traspaso va acompañado de una partida de 400 millones de euros para que la Generalitat construya una vía alternativa a lo que ahora es claramente una vía urbana que cruza las diversas poblaciones.

Finalmente, el ministro explicó que el traspaso de Cercanías está prácticamente ultimado, a la espera de unos pocos detalles que dependen de los ministerios de Economía y Administraciones Públicas, pero que todo indica que no habrá problema para que la comisión bilateral prevista para el 22 de diciembre aprueba definitivamente la transferencia, de modo que la Generalitat se haga cargo a partir del 1 de enero, como estaba acordado.