El PSOE acepta retrasar la 'enmienda Florentino' para no perder la votación

Fue el propio Pedro Azpiazu, portavoz del PNV, quien con lenguaje llano dejó claro en el debate en el Congreso de qué se estaba hablando allí. Calificó la reforma del blindaje de las sociedades anónimas como enmienda Florentino, por Florentino Pérez, presidente de ACS. Éste quería que se aprobara la reforma promovida por el PSOE, que le favorece a él y a otros grandes empresarios, antes de la junta de Iberdrola de mañana en Bilbao. Pero fracasó.

El PNV, que en este asunto se coloca del lado de Iberdrola -cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, se ha resistido a incorporar a Pérez al Consejo pese a tener el 12% de la empresa-, preparó una estrategia exitosa. Planteó un retraso de la votación hasta después de Semana Santa -pasada ya la junta de Iberdrola- y buscó apoyos de todos los grupos. Logró el del PP y los demás, CiU incluida.

Constantes presiones empresariales de todo tipo complican la discusión política

Los populares no quieren mojarse y apostaban por la abstención en el fondo del asunto, pero sí estaban de acuerdo en un retraso sin entrar al fondo. El PSOE comprobó que podía perder la votación, y decidió ceder. Al final se aprobó por asentimiento, sin votación, retrasar el debate hasta después de las vacaciones.

A pesar de que el retraso es una derrota moral para Pérez ante la junta de Iberdrola, la enmienda saldrá con toda probabilidad adelante después de Semana Santa, ya que cuenta con el apoyo del PSOE y CiU. La reforma modificaría la Ley de Sociedades Anónimas para eliminar las limitaciones del derecho de voto en las empresas, fijada en algunas -como Iberdrola, Repsol o Telefónica- en el 10% del capital. La limitación se estableció para salvaguardar las minorías, pero los promotores de la enmienda creen que, con el tiempo, se ha convertido en un instrumento de blindaje de los directivos y en un mecanismo de defensa frente a potenciales inversores interesados en adquirir una gran participación en una sociedad, como el propio Pérez. Otros creen que aún sirve para evitar que esos inversores controlen de hecho una sociedad sin tener la mayoría ni lanzar una oferta pública de adquisición.

CiU reclama unos retoques aceptables por los socialistas, esto es, que la anulación de los límites a los derechos de voto afecte sólo a las empresas que cotizan en Bolsa y que a estas se les dé un periodo de un año de adaptación.

La enmienda ha monopolizado los corrillos del Congreso de las últimas semanas por las enormes presiones empresariales de uno y otro lado que, a modo de lobby, tienen muy preocupados a los grupos. Algún diputado llegó a asegurar que se estaba "privatizando el Congreso". "Nunca se había hecho una ley ad persónam tan clara", sentenció Joan Herrera, de IU-ICV.

El que peor lo ha pasado es el PP que, al estar en la oposición, no quiere pelearse con nadie, ni Iberdrola, ni ACS, ni ningún otro gran grupo. La diputada encargada del asunto, Fátima Báñez, tenía tanto miedo a mojarse que ni siquiera tomó la palabra para explicar la posición de su partido. Y cinco minutos antes no quería ni siquiera comentar el sentido de su voto, que al final no fue necesario explicitar porque hubo asentimiento. Aun así, las cosas no estaban del todo claras antes de empezar, como demuestra la llamada a rebato de diputados, atrapados en ascensores, preparados por si había votación dividida.