Nueva Rumasa: ¿inversores o creyentes?

Nadie sabe cuántos son exactamente ni cuánto dinero han invertido. Pero lo que nadie puede dudar es que fueron, como mínimo, muy imprudentes. Invirtieron su dinero en pagarés y acciones de empresas de Nueva Rumasa que les aseguraban una rentabilidad anual de hasta el 10%, cuando los bancos y cajas, en plena crisis financiera, apenas pagaban un 3%.

Casi el único aval de sus inversiones era la palabra de José María Ruiz-Mateos puesto que las garantías sobre las que se apoyaban estos pagarés eran tan exóticas como unas barricas de brandy. Tenían además recientes los casos de Afinsa y Fórum Filatélico en los que, con muchas más garantías a priori, 450.000 familias y pequeños inversores han visto cómo se esfumaban 4.600 millones de euros. La Audiencia Nacional acaba de desestimar la petición de varias asociaciones de afectados para que el Estado les indemnice por su responsabilidad en la supervisión de estas entidades.

Si se llega al concurso, los de los pagarés serán los últimos en cobrar

La CNMV advirtió siete veces y el Gobierno llegó a cambiar la ley

Su pecado era el mismo que los de Nueva Rumasa: confiar en productos financieros que ofrecían una retribución muy por encima del mercado sin preguntarse por las garantías. ¿Es que todos los demás ahorradores eran tan ingenuos para colocar su dinero a la mitad de lo que ofrecía un negocio basado en el coleccionismo de sellos o en la venta de flanes?

Aunque la familia Ruiz-Mateos se ha negado a dar un solo dato -"ningún banco destripa la información sobre sus inversores", dice una portavoz-, se trata de unos 5.000 ahorradores que han invertido unos 140 millones. Su situación no es la más idónea. Sus ahorros por ahora no están perdidos, pero tampoco seguros. Las principales empresas de Nueva Rumasa se han acogido a la situación preconcursal, que permite a compañías en dificultades negociar durante cuatro meses con sus acreedores para evitar entrar en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

Esa situación no tiene por qué abocar a una quiebra. Es más, la familia Ruiz-Mateos ha insistido en que una de las razones que le han llevado a acogerse a la ley concursal es salvaguardar los intereses de sus inversores ante la "campaña bestial" de algunos medios de comunicación y la "incomprensión" de algunos bancos.

¿Quiénes son los inversores? Nadie lo sabe a ciencia cierta. A diferencia de los de Afinsa o Fórum, no se han manifestado por ahora ni han creado una plataforma de afectados ni existe ningún registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La mayor parte de ellos son pequeños ahorradores que confiaban más en la palabra del fundador de Rumasa que en la solvencia del grupo que intentaba resucitar el imperio expropiado hace 28 años.

Un ejemplo: una mujer que, al quedarse viuda, recibió una pequeña indemnización de 80.000 euros, reunió a todos sus hijos y, de común acuerdo, decidió invertir todo su dinero en los pagarés de Nueva Rumasa, según relató el propio José María Ruiz-Mateos el pasado jueves. No es de extrañar que el empresario jerezano extienda a sus inversores esa aura de religiosidad en la que siempre ha envuelto sus actos. Los ahorradores no han invertido solo en pagarés sino que han realizado "gestos de bondad y de confianza" y defraudarles ahora resultaría un "acto deplorable". "Si no devolvemos hasta el último euro a nuestros inversores me pegaría un tiro, si es que mi fe me lo permitiera", ha llegado a decir el patriarca de la saga de los Ruiz-Mateos para tranquilizar a sus fieles.

Mucha fe van a necesitar los ahorradores: las cosas no pintan bien. Hasta ahora han cobrado sus intereses, pero si finalmente se llega al concurso de acreedores serán los últimos en la cola. Gran parte de la deuda bancaria, de 700 millones, está garantizada con hipotecas sobre propiedades de sus empresas. Clesa, Dhul, Carcesa, Hibramer y Cacaolat tienen hipotecas de 240 millones como garantía de préstamos cuyo grueso concedió el Santander. Cajasur y Cajasol han ejecutado dos propiedades, y los jueces han decretado el embargo de varias fincas. Además, Hacienda, el Fondo de Garantía Salarial y la Seguridad Social (45 millones de deuda) también cobrarían antes: son acreedores preferentes. Solo al final llegaría el turno de los ahorradores.

Para colmo, Nueva Rumasa no es realidad un holding sino una suma de empresas (muchas radicadas en paraísos fiscales) al no consolidar sus cuentas, por lo que de la deuda de sus filiales no responde el patrimonio del grupo.

Con todo, los inversores no pueden alegar que les faltó información o que el Gobierno o los reguladores no hicieron nada por prevenir esta situación. La CNMV realizó hasta siete advertencias desde que en febrero de 2009 Nueva Rumasa, arropada en una impresionante campaña publicitaria, emitió los primeros pagarés.

Además, y casi ex profeso para frenar la iniciativa de los Ruiz-Mateos, el Ejecutivo cambió la ley: desde el 14 de abril se exige que en la venta de títulos dirigida a particulares, como los pagarés, intervenga un gestor financiero autorizado que debe responder ante la CNMV. Tras esa medida Nueva Rumasa dejó de emitir pagarés y optó por ampliaciones de capital con aportaciones desde 1.200 hasta 3.300 euros. El objetivo: volver a escapar al control de la CNMV.

Frente a esos controles, Ruiz-Mateos, casi octogenario y rodeado por su prole, apela a su imagen de emprendedor cuya única obsesión es crear empleo. Ese fue el reclamo con el que pidió financiación a sus seguidores. Pero no dijo toda la verdad: la mayor parte de los fondos no se destinaron a adquirir empresas sino a pagar deudas. El dueño de Rumasa sigue conservando adeptos. Y la fe mueve montañas, pero no siempre ayuda a pagar los intereses.