Islandia retoma el juicio contra su exprimer ministro por la gestión de la crisis

El exprimer ministro islandés Geir H. Haarde afronta hoy el inicio del juicio en el que se le acusa de negligencia por su actuación en la crisis causada por el colapso bancario del país en octubre de 2008. En la audiencia preliminar, celebrada en junio pasado, el conservador Haarde rechazó que violara la ley sobre responsabilidad de los ministros, desoyera las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses y no actuara en consecuencia, como asegura el fiscal en la acusación, y pidió la suspensión del juicio.

El ex primer ministro ya ha anunciado que hoy pedirá de nuevo al tribunal que el caso sea cerrado, porque entiende que se trata de una "farsa" y del "primer proceso político" en la historia de Islandia, según había declarado tras la vista preliminar. Haarde se arriesga a una pena de dos años cárcel, después de que el Parlamento islandés (Althingi) diera luz verde al proceso hace un año, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora. Haarde será juzgado por el Landsdómur, un tribunal especial que nunca antes había actuado desde su creación en 1905.

El colapso económico en octubre de 2008, que obligó al Gobierno a nacionalizar los principales bancos del país, colocó a Islandia, que ha recibido ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente. Tres meses después, las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata que encabezaba Haarde, que se retiró de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno.

La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, gobierna con mayoría absoluta desde 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea (UE), complicada por la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda por la indemnización a ahorradores de estos países tras la quiebra del banco islandés Icesave. Los islandeses rechazaron en abril pasado, por segunda vez en un año, una ley para indemnizar a los ahorradores británicos y holandeses y el caso ahora parece destinado a ser resuelto en los tribunales europeos. En total, estos países reclaman más de 3.600 millones de euros.

Sobre este extremo, el presidente islandés, Olafur Ragnar Grímsson, ha denunciado el "acoso" de varios países de la UE para presionar al Gobierno de su país para que aceptara asumir las deudas de la banca. Sin embargo, el Ejecutivo no cedió a las presiones, añadió en declaraciones a la radio pública RUV. "Así que lo que está ocurriendo ahora demuestra que si se hubiera llevado la cuestión con cierta sensibilidad desde el principio, hubiera sido completamente innecesario poner al pueblo islandés y nuestra cooperación con Europa en este aprieto", explicó.

Los gobiernos de Reino Unido y Países Bajos garantizaron por sí mismos los fondos en peligro de sus ciudadanos, pero luego exigieron a Islandia el pago de la deuda, una actitud que Grímsson calificó de "absurda". Para ello, según reveló, llegaron a recurrir al Fondo Monetario Internacional. "La UE debería investigar y afrontar cómo ha sido posible que países miembro de la UE hayan accedido a apoyar esta absurda reivindicación contra Islandia", defendió el presidente islandés.