El Gobierno urge a identificarse a 15 millones de clientes de móvil prepago

"Identifícate". Éste será el lema de la campaña que lanzará a finales de este mes el Ministerio del Interior con el objeto de que más de 15 millones de clientes de móvil con tarjeta prepago se identifiquen ante sus compañías de telefonía, como ordena la legislación desde octubre de 2007.

La campaña advierte que todos los usuarios que no cumplan con esta obligación antes del próximo 7 de noviembre "perderán la línea y el número de móvil". Interior asegura, asimismo, que "a partir de esa fecha los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas".

Para llevar a cabo este proceso, los particulares deberán acudir a los puntos de venta del operador telefónico y aportar el documento nacional de identidad (DNI) o la tarjeta de identidad de extranjero, mientras que las empresas deben mostrar la tarjeta de identificación fiscal.

Esta obligación está contenida en la Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas de octubre de 2007, que dio dos años de plazo a las operadoras para identificar a sus clientes. La legislación fue consecuencia de los atentados del 11 marzo de 2004, en el que los terroristas utilizaron móviles prepago para activar las bombas.

No obstante, la medida apenas se ha puesto en práctica. Por eso, sólo una cuarta parte de los 20 millones de clientes de prepago están identificados. Y la labor no parece sencilla en los ocho meses que restan.

En efecto, los operadores se han quejado de la dificultad técnica y de infraestructura que acarrea la medida. Pese a que muchos de ellos ya están comunicando a sus clientes a través de SMS la necesidad de que se identifiquen, el reclamo no surte efecto, en particular entre los usuarios más jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

Otro de los problemas es que la mayor parte de las nuevas compañías -los llamados Operadores Móviles Virtuales- no cuentan con puntos de ventas suficientes en todas las áreas de España. Otro escollo es el alto coste que para las compañías tiene esta labor, así como el registro de todos sus clientes que deben hacer. Y es que, según la ley, todos los gastos -entre 30 y 50 millones de euros- corren a cargo de las compañías, sin que el Estado ponga un solo euro.

El temor de tener que desenganchar a miles de abonados en medio de una recesión económica preocupa a las compañías de móviles que han hecho llegar sus quejas al ministerio sobre una medida de cuya efectividad hay muchas dudas.

Interior ha pactado la iniciativa con las compañías Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, British Telecom, Jazztel, Telecable, Simyo, Blau, R, Bankinter, Talkout, XL Móvil, Hong Da, Más Móvil, El Corte Inglés, Digimóvil, Lebara, Eroski, Pepe Mobile, Vueling, Carrefour, Ono, Barablu, Diamóvil, Racc, Icall, Euphony, Hits Mobile, FonYou, Orbitel, Lycamobile, Ventajamóvil, Blyk y Happy Móvil.

Movistar, Vodafone y Orange han echado cuentas y han cifrado en 50 millones de euros el coste de las medidas a las que le obliga la ley, que no incluye sólo la identificación de todos los clientes de prepago, sino la creación de un registro de llamadas que se ponga a disposición de la policía.

Las 20.000 tiendas de operadoras y de distribuidores de España llevan pidiendo la identificación a los compradores de nuevas tarjetas desde noviembre de 2007, cuando entró en vigor la norma, pero los que ya la tenían no han hecho los deberes por pereza o desconocimiento de la ley.