El Gobierno acelera la nacionalización

El lunes pasado, el Gobierno presentó el plan de recapitalización del sistema financiero, una verdadera revolución para las cajas, ya que incluía la posibilidad de nacionalizar las entidades más débiles. Les dio de plazo hasta el 30 de septiembre para buscar inversores privados. De lo contrario, el Estado inyectaría el capital necesario. Los bancos de inversión, agencias de calificación e inversores criticaron que el Gobierno dejara a las entidades durante ocho meses en una situación de precariedad, buscando un capital privado que difícilmente podrán encontrar. Unos días después, el Gobierno ha rectificado al acortar los plazos en seis meses, lo que supone admitir veladamente las críticas de los mercados. "El 30 de septiembre es la fecha tope, pero el dinero público estará a disposición de las entidades que lo soliciten desde marzo, una vez que presenten las cuentas de 2010 cerradas", admiten fuentes cercanas a la operación.

El objetivo es evitar que las cajas más débiles se desangren durante ocho meses

Captar dinero será muy difícil por las dudas sobre los activos tóxicos

La recuperación económica depende de las cajas, dicen en Moncloa

La banca pide un colchón de ayudas públicas que evite acudir al FROB

La última fecha para presentar los balances de 2010 es el 28 de febrero, así que puede que en un par de meses se vean las primeras nacionalizaciones, algo inimaginable hace solo un mes. El ofrecimiento, que se reflejará en el real decreto que se publicará en febrero, es voluntario, por lo que las entidades que quieran tomarse su tiempo para buscar soluciones hasta septiembre podrán hacerlo.

El objetivo de este adelanto radical es evitar que las entidades más débiles sigan desangrándose y perdiendo valor con el paso del tiempo. Incluso se podría evitar el daño reputacional y la pérdida de fidelidad de los clientes en una situación delicada como esta. "Nadie cuelga un cartel que diga: vendo casa, tengo ocho meses de plazo. Los compradores llegarán al final y ofrecerán la mitad", explica gráficamente un financiero. Directivos de cajas consultados consideran que la captación de dinero privado será muy difícil, por las dudas que existen sobre los activos inmobiliarios dañados que siguen en los balances. Hasta ahora, el acercamiento de las cajas a los fondos de capital privado ha sido decepcionante. Estos inversores han valorado los activos a 0,5 veces su valor contable. Con estos cálculos, los fondos se quedarían con el control de la caja, algo que no admiten los gestores.

El cambio es "una rectificación para evitar el mayor error de Economía", dice el presidente de una caja que pide el anonimato. Buena parte del sector, así como el PP, y Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, durante el último Consejo de Administración, han criticado las medidas por improvisadas e imprecisas, ya que aún faltan por conocerse aspectos fundamentales del plan.

José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, está convencido de que "el proceso se va a acelerar. Tras el cierre del ejercicio, las entidades tendrán la vista puesta en las pruebas de resistencia de la Unión Europea de antes del verano. Los que calculen que no las van a pasar, deberán pedir ayuda cuanto antes".

La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, calculó en 20.000 millones el dinero que el Estado tendría que gastar para elevar la solvencia de las cajas. Esta cifra ha sido considerada escasa por el mercado, pero responde a los datos actuales del Banco de España. El Gobierno ha admitido que, si hiciera falta más capital, no habría problemas porque el límite del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es de 99.000 millones.

La suerte del sector está echada. La profundidad de los cambios se deben al convencimiento del Ejecutivo de que las cajas son el tapón que puede desatascar el problema de la prima de riesgo, el encarecimiento de la deuda pública, el corte del crédito y la mala imagen de la economía española en Europa, que acerca la posibilidad del rescate. Además, considera que las cajas no son conscientes de la gravedad de la situación y la prueba es que han colocado un buen número de ex políticos en los consejos de algunos bancos recién creados, como el de Caja Madrid y Bancaja.

Durante la presentación del plan, Salgado advirtió que se nacionalizarían las cajas que no alcancen un nivel mínimo de core capital (el de máxima calidad, capaz de absorber pérdidas) de entre el 8% y el 10% de los activos ponderados por riesgo. En Europa se pide alrededor del 6%. Esta diferencia se considera un agravio comparativo que dificultará la competencia entre cajas y bancos y entre españoles y el resto de europeos.

La vicepresidenta y ministra de Economía dijo que el máximo nivel de capital se pedirá a las que no tengan socios privados o que no coticen en Bolsa o que hayan pedido prestado a los mercados más del 20% de su activo. Para recibir la ayuda las cajas deben contar con una filial bancaria que aglutine todo el negocio financiero, aunque mantengan la forma jurídica de caja, como ha hecho La Caixa. Crear un banco no es un proceso rápido, lo que podría retrasar la recapitalización de algunas cajas. El Estado pondrá el dinero en acciones y tendrá puestos en los Consejos de Administración. Es decir, serían nacionalizadas de manera parcial y temporal. De las 17 cajas que quedan, nueve ya tienen bancos o han anunciado crearlos.

Entre las que están en posiciones más débiles de capital, destaca la mayor caja de España, la fusión fría liderada por Caja Madrid y Bancaja (6,8% de capital), así como las cuatro fusiones de cajas regionales (CatalunyaCaixa (6,7%), Unnim (6,4%), NovaCaixaGalicia (no disponible) y Caja Duero-Caja España (7,1%). Pero también Bankinter y el Banco de Valencia (filial de Bancaja) se encuentran por debajo de ese listón, según los últimos datos.

Los bancos (y algunas cajas) miran con lupa a las entidades más débiles para comprarlas. Sin embargo, los ejecutivos coinciden en que cualquier adquisición sin ayudas públicas supondría hundir la ratio de capital y, por tanto, buscarse problemas. Josep Oliu, presidente del Sabadell, lo dijo claramente el jueves: el banco esperará a que las entidades acudan al FROB antes de pensar en una operación. Fuentes del mercado apuntan al interés del Sabadell por CatalunyaCaixa. La caja admite que no podrá alcanzar el nivel mínimo por sí sola y que tendrá un banco. Unnim también ha iniciado los trámites para crear un banco. Además ha habido conversaciones entre Unicaja (13,1% de capital) e Ibercaja (9,4%), una operación que podría complementarse con una fusión regional con dificultades.

La banca cree que el plan del Gobierno puede ser lento y propone un sistema más ágil basado en ayudas públicas para cubrir la morosidad de la entidad evitando la nacionalización. Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero de KPMG y ex secretario general de la Asociación Española de Banca, cree que la forma más adecuada sería la de "un esquema de protección de activos u otra de garantía pública". Después de 150 años de historia, se ha iniciado una nueva era en el sector.