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La reestructuración financiera

El plan destapa las divergencias entre Salgado y Ordóñez

El Banco de España no logró una reforma radical del sector

Íñigo de Barrón

La segunda semana de mayo de 2010 será recordada como la del giro más radical en la política social de Zapatero. Entonces anunció rebajas de sueldo a los funcionarios y la congelación de las pensiones. La otra fecha clave será la última semana de enero, cuando se cerró un acuerdo con los sindicatos para reformar las pensiones y anunció la reestructuración más profunda del sistema financiero.

El Gobierno ha dado la impresión de actuar con prisa e improvisación. La razón, según fuentes consultadas, es presentarse en la cumbre con la canciller alemana Angela Merkel, el próximo jueves, con las reformas más urgentes ya cerradas.

El gobernador del Banco de España, Zapatero y sus asesores económicos, junto a la vicepresidenta Elena Salgado, han mantenido desde diciembre conversaciones para ver cómo reestructuraban las cajas. Miguel Ángel Fernández Ordóñez era partidario de acabar con su naturaleza jurídica y convertirlas en fundaciones dueñas de un banco, que tuviera todo el negocio financiero. El modelo era la Ley Amato, que ha dejado sin cajas a Italia. El gobernador trató de convencer a La Moncloa de que era el camino definitivo para acabar con la injerencia política de Ayuntamientos, comunidades autónomas y sindicatos.

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Sin embargo, Salgado y su secretario de Estado, José Manuel Campa, con el apoyo del presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidro Fainé, así como de Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, intentaron frenar al supervisor. Fainé amenazó con dimitir en la CECA si Ordóñez seguía adelante.

La oposición se basó en dos argumentos: no tenía sentido otra reforma de las cajas cuando se había hecho una en julio pasado. Además, si las cajas se convertían en fundaciones, dependerían del Ministerio de Justicia, no de Economía. Incluso las comunidades autónomas tendrían cierta tutela, con lo que no se conseguía el objetivo principal y se creaba inseguridad jurídica.

En mitad de los debates llegó la problemática colocación del Santander y el BBVA en los mercados, a principios de enero. El plan del supervisor era que los dos grandes abrieran los mercados con dos emisiones de cédulas hipotecarias, el producto de mayor calidad, para que después fueran otros bancos y cajas. Pero el plan hizo agua. Los colocadores de la emisión de la entidad presidida por Emilio Botín tuvieron que asumir parte de las cédulas ante la escasa demanda.

Saltaron todas las alarmas. "La marca España perjudicó tanto que hasta los bancos más solventes perdieron parte del crédito de los mercados", explica un ejecutivo. Los presidentes de las dos entidades transmitieron a La Moncloa que había que tomar medidas urgentes y radicales con las cajas. Dos semanas después, el lunes 24, el Gobierno salió con el esbozo de una reforma que cambiaba los pilares del sistema. Triunfó la tesis de Economía, pero se admitió la petición del supervisor: el capital se elevaría hasta el 10%, una cifra astronómica y desconocida en Europa.

Desde el Banco de España, así como desde el sector, se critica la imprecisión de las medidas. "No se puede decir que se exigirá entre el 9% y el 10% de capital porque estamos hablando de 2.000 millones más o menos de capital. Eso es una fortuna y condiciona los planes", dice el presidente de una caja. Otro apunta que si se pidiera el 8% de capital a la banca alemana de Merkel "más de la mitad quebraban".

También se censura que no se sepa qué activos compondrán el core capital, que marcará el futuro de las cajas. Incluso José Manuel González-Páramo, del BCE, ha pedido rapidez para conocer los detalles clave. La semana cierra con un mal balance: la cotización de los grandes bancos ha caído un 2% y la prima de riesgo ha subido 28 puntos básicos, hasta 231. Luis de Guindos, del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, resume la situación: "El gran riesgo es que si el proceso se hace de forma incorrecta, el deterioro del mercado crecerá más".

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Elena Salgado, en una reunión de ministros en Bruselas en febrero de 2010.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Elena Salgado, en una reunión de ministros en Bruselas en febrero de 2010.AP

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.
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