España contra la pared

La semana empieza conteniendo la respiración: ¿cómo reaccionarán los mercados tras la tregua del fin de semana? Con el esbozo de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno ha conseguido, de momento, detener en parte la hemorragia de la contestación interior. Ahora tiene la batalla más dura: convencer a los mercados internacionales de que España no es Grecia; que tiene un diagnóstico adecuado de la situación; que va a gobernar aunque sea impopular hacerlo; que va a liderar una coalición social de apoyo a las reformas necesarias; y que convocará a la oposición, con voluntad política de pactar, para que de una vez ésta comparezca con soluciones concretas y no sólo con conceptos esdrújulos.

El cierre de la semana anterior fue dramático: acumulación de pésimos datos coyunturales en materia de desempleo y de déficit público (aunque haya indicadores parciales, por ejemplo la producción industrial, que indican que algo se está moviendo), y crítica de los mercados internacionales en forma de castigo a la calidad y al precio de la deuda pública del Reino de España. A partir de hoy, los responsables económicos se van de gira por Europa con inversores institucionales y agencias de calificación de riesgo para convencerlos de que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para corregir los fuertes desequilibrios.

Tropezarán para ello con una triple desconfianza. La principal, la duda sobre si existe un Gobierno eficaz y capaz de aguantar las presiones en contra de un severo plan de ajuste; el atropellamiento de medidas que se superponen unas a otras, las marchas adelante y atrás dependiendo de la reacción social que generan, han afectado a la imagen del Ejecutivo. Tener enfrente a los mercados es estar contra la pared; puede parecer bien o mal, justo o injusto y plantea un interesante debate sobre el papel hegemónico de los especuladores y las agencias de calificación de riesgos en las democracias y en la soberanía de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, pero es el que es y el que se ha permitido. Además, el Gobierno tiene un límite que hasta hace poco parecía una ventaja: España preside la UE y ello dificulta los cambios políticos que parecen imprescindibles para reaccionar.

La segunda desconfianza se expresa en el voluntarismo de los datos presentados en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace unos días. Pocos expertos han creído en la capacidad de crecimiento del PIB que el Gobierno atribuye para los próximos dos o tres años, toda vez que España es hoy el único país del G-20 que sigue técnicamente en recesión, después de siete trimestres seguidos de contracción. La tercera desconfianza permanece agazapada, pero en algún momento tendrá que salir: la sanidad del sistema financiero español. Se sabe, de manera agregada, que los bancos y cajas de ahorro poseen en sus tripas un riesgo promotor inmobiliario de 350.000 millones de euros, impagable en gran parte, y un stock de deuda pública española, ya deteriorada por el aumento del riesgo país, de unos 150.000 millones de euros. ¿Cómo se descompone ese riesgo entre las entidades concretas?

En las últimas semanas, el Gobierno ha iniciado un sigiloso cambio de rumbo en su política económica para evitar el estrangulamiento en su financiación. Nada se puede hacer si no hay dinero, nos lo prestan muy caro o no nos lo prestan. Ese sigilo es el que ha dado lugar a ese "déficit de explicación" al que se refería el ministro de Trabajo, para embridar la reforma de las pensiones. Zapatero ha de hacer frente a su última ensoñación sucumbida: que no va a haber recortes en la protección social. Al crecimiento espectacular del desempleo, al empobrecimiento de las clases medias que ven reducida su renta disponible y el valor de sus activos inmobiliarios, se le van a sumar a partir de ahora, de una forma u otra, antes o después, unas condiciones más exigentes para recibir las pensiones públicas (mientras las privadas, en el seno de las instituciones financieras, también han perdido parte de su valor) y una reforma del mercado de trabajo que para mejorar la posición de unos conllevará las pérdidas de derechos de otros.

Difícil tarea. De pedagogía, pero también de liderazgo y del consenso que requieren coyunturas excepcionales.