El Ejecutivo impulsará la movilidad de empleados públicos

Los trabajadores que desempeñen su labor en una empresa pública y quieran pasar a otra lo tendrán más fácil con la Ley de Economía Sostenible. Como fórmula para hacer más eficaz la Administración, el texto propone fomentar la movilidad entre empleados de empresas públicas, en la actualidad casi inexistente por las dificultades burocráticas para hacerlo.

El texto de la ley aclara que esos mecanismos se pactarán "en el marco de la negociación colectiva", es decir, con el visto bueno de los sindicatos de la función pública. Los representantes de los trabajadores estarán dispuestos a negociarlo, pues se trata de "una reivindicación sindical muy antigua", asegura Julio Lacuerda, responsable de función pública de UGT. Este mecanismo ya está previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, aunque no se ha desarrollado. También figura en el acuerdo plurianual que alcanzó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega con los sindicatos en septiembre.

Una portavoz de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, de la que depende la función pública, asegura que ya hay movilidad en la Administración General del Estado. Entre empresas públicas, la maniobra es más compleja y en la práctica un trabajador no puede optar a una plaza en una sociedad diferente, aseguran fuentes sindicales. Con el artículo de la Ley de Economía Sostenible se pretende que ese paso sea más ágil.

Plan de austeridad

Más allá de la movilidad laboral, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar, en seis meses desde que entre en vigor la ley, un plan de austeridad de la Administración y otro de racionalización de sus estructuras. Fuentes de Economía esperan que esté listo para aplicarlo en 2011. Para elaborarlo, se constituirá un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que podrá consultar con expertos externos.

En ese plan de racionalización de la Administración y del sector público empresarial, Hacienda "suprimirá, refundirá o reestructurará los órganos que considere necesario".

Además, las empresas públicas deberán presentar anualmente informes corporativos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. En la gestión primarán los criterios medioambientales y de responsabilidad social.