El Constitucional anula el 'decretazo' de Aznar por no existir urgencia en las medidas

La reforma del desempleo que aprobó por decreto el Gobierno de José María Aznar en 2002 no contenía ninguna medida urgente que justificara esa fórmula. Este argumento ha servido al Tribunal Constitucional para declarar nulo el llamado decretazo, que motivó una huelga general y costó el puesto al entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. El decreto fue posteriormente retirado y algunas de las medidas se tramitaron como ley, por lo que la sentencia sólo tiene consecuencias para los trabajadores que pudieron verse afectados en los seis meses en que estuvo en vigor.

El Gobierno se equivocó al elegir el camino más rápido para aprobar su controvertida reforma del paro. Con el fin de sacar adelante unas medidas que endurecían el acceso al sistema, abarataban de forma encubierta el despido y liquidaban el subsidio agrario, el Ejecutivo recurrió al decreto ley, una fórmula que permite legislar sin pasar antes por el Parlamento. Obvió entonces el principal requisito de esa fórmula: que las medidas sean de extraordinaria y urgente necesidad. El Constitucional responde ahora que nada de lo aprobado era urgente.

La sentencia, dictada el pasado miércoles y divulgada ayer, considera que el Gobierno del PP "no ha aportado ninguna justificación" que justifique la urgencia. Es la primera vez que el Constitucional esgrime este motivo para rechazar un decreto ley en el ámbito laboral. El tribunal es rotundo sobre las razones que impulsaron esa decisión: "Constituyó una respuesta al fracaso de la mesa de diálogo social y a la convocatoria de huelga". Y subraya "el valor trascendental del diálogo social" en el Estado.

Reforma de Rato

El entonces titular de Trabajo intentó en los meses previos pactar el texto con patronal y sindicatos. La falta de acuerdo derivó en el decretazo y costó el puesto a Aparicio, aunque el verdadero impulsor del proyecto fue el vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato. Tras la huelga general del 20 de junio, Aznar realizó una importante reconversión de su equipo en la que sacrificó a otros cinco ministros.

Las razones del Gobierno para recurrir al decreto se resumen en "la cambiante situación de la economía internacional y la necesidad de incidir en una situación de paro todavía elevada". El Constitucional cree que ésas no son circunstancias excepcionales y que considerarlas como tales supondría "excluir prácticamente en bloque del ejercicio del poder legislativo parlamentario el conjunto de la legislación laboral y de Seguridad Social". La sentencia duda que la situación económica justificara esas medidas urgentes, pues en el debate parlamentario de convalidación del decreto el propio Aparicio "describió una coyuntura económica, social y de empleo que, en modo alguno, cabría identificar con las notas de gravedad y excepcionalidad" esgrimidas.

Pese a la relevancia de la sentencia, las implicaciones prácticas son escasas. El decreto fue retirado y algunas de las medidas, muy descafeinadas, se tramitaron como proyecto de ley, a través del Parlamento. Así, las más controvertidas sólo estuvieron en vigor desde finales de mayo hasta finales de diciembre. El Gobierno elaborará un cálculo aproximado de los posibles afectados, que "no llegarán a 50.000", según el secretario general de Empleo, Antonio González. Este alto cargo asegura que el ministerio informará la próxima semana de las consecuencias de este decreto para que los afectados puedan reclamar. La mayoría serán despedidos que no percibieron salarios de tramitación. El decreto eliminó esos ingresos, correspondientes al periodo en que la justicia decide si un despido es procedente o no y que corresponde abonar a la empresa, aunque más tarde se restituyeron. Ahora quienes quedaron sin ellos en ese periodo podrían reclamarlos judicialmente y el Estado tendría que abonarlos. "Si un tribunal declara que la Administración es responsable tendremos que hacer frente", asegura González.

El responsable de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, añade que su sindicato informará a los afectados y promoverá las reclamaciones pertinentes.