Comunidades y ayuntamientos generan la mitad del déficit público

El cierre presupuestario confirmó el vuelco de las cuentas públicas. "El año 2008 va a ser recordado por el estallido de la crisis económica", dijo ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, a modo de preámbulo de sus comentarios sobre el último ejercicio. Y será recordado porque, en unos pocos meses, el mayor superávit público de la democracia tornó en números rojos. La crisis, además, ha dejado al descubierto las dificultades de las administraciones autonómicas y local para ajustarse: la mitad del déficit público de 2008, que alcanzó el 3,8% del PIB (41.874 millones de euros), se generó en comunidades y ayuntamientos.

El deterioro de las cuentas autonómicas llevó a otro incumplimiento del pronóstico oficial, habitual en los últimos tiempos. Hace apenas un mes, el Ministerio de Economía anticipó un déficit del 3,4% del PIB para 2008, pero la peor evolución presupuestaria de las comunidades (un saldo negativo del 1,4% frente al 1% previsto) trastocó el cálculo.

Ocaña afirma que no se subirán los grandes impuestos esta legislatura

La Agencia Tributaria ha aplazado el cobro de 1.200 millones

Ante la evidencia de que la recesión cogía velocidad, el Ministerio de Economía optó el año pasado por relajar los límites presupuestarios fijados para comunidades y ayuntamientos. Ahora, los Gobiernos autónomos pueden acumular un déficit del 1% del PIB (un 0,2% en las corporaciones locales) sin verse forzados a elaborar un plan de saneamiento. Pero, vistas las cifras, muchas administraciones tendrán que detallar cómo recompondrán las cuentas.

Pese a la nueva desviación sobre su pronóstico, Ocaña mantuvo que el déficit no sobrepasará este año el 5,8% del PIB, como está previsto. Y subrayó que el bajo nivel de deuda pública (39% del PIB, cuando muchos países superan el 60%) da margen de maniobra. "La situación de déficit no amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas", añadió el secretario de Estado, que confió en acercarse a los límites fijados por el Pacto de Estabilidad europeo (3%) "a partir de 2011".

En cuanto a las cuentas estatales, la Seguridad Social volvió a apuntarse un superávit (8.319 millones, 0,76% del PIB), pese al agujero de 5.000 millones creado por el repunte de las prestaciones por desempleo. La Administración central registró un déficit de 30.047 millones (2,7% del PIB) que Ocaña atribuyó, en buena parte, a decisiones tomadas por el Gobierno para reactivar el crecimiento económico.

Economía mezcla en este paquete fiscal, que redujo la recaudación en 19.540 millones, iniciativas adoptadas antes de la crisis (el cheque bebé o las reformas en los impuestos de sociedades y de la renta), la rebaja de 400 euros en el IRPF y medidas que facilitan liquidez pero no son ayudas directas. Además, la Agencia Tributaria aplazó el cobro de otros 1.200 millones en impuestos. La merma de ingresos por la recesión hace el resto: en total, la recaudación del impuesto sobre la renta cayó un 2%, la del impuesto sobre sociedades un 39% y la del IVA un 14% respecto a 2007. En suma, los ingresos bajaron un 12%.

Ocaña aseguró que el Gobierno seguirá siendo "activista" ante la crisis, aunque matizó que eso se traducirá en reasignación del gasto público ya presupuestado y en un impulso a las reformas legislativas pendientes, no en más gasto. El secretario de Estado de Hacienda afirmó que "esta legislatura no se subirán los grandes impuestos", aunque dejó la puerta abierta a algún ajuste en los impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos...).

Tampoco descartó aplicar nuevas reducciones de gastos en los ministerios (este mes se aprobó un recorte de 1.500 millones) para hacer frente al vertiginoso aumento del gasto por prestaciones de desempleo. Y adelantó que el Gobierno trabaja en medidas para evitar "que se pierda ninguna empresa" por las dificultades de pago de las administraciones locales, una cuestión que, mantuvo, "se había exagerado".