Bruselas pone más deberes a España

España ha hecho esfuerzos y sacrificios en nombre de la disciplina y la estabilidad presupuestarias, pero la consolidación está en el aire. Hay que hacer más deberes en fiscalidad, reforma laboral, sector financiero, control del gasto y otras materias, recomienda la Comisión Europea. Y hay que mantenerse muy ojo avizor para 2012 y 2013, año en que el objetivo es reducir el déficit al 3% del PIB. Habrá que "adoptar más medidas en caso de que la evolución económica y presupuestaria no responda a las expectativas", advierte Bruselas. La Comisión Europea sugiere aumentar el IVA y los impuestos sobre la luz, el gas y las gasolinas para poder bajar las cotizaciones a la seguridad social de las empresas, que así podrían ser más competitivas. "No parece razonable", respondió ayer el Gobierno, que se vio gratificado por el aval de la Comisión a su enfoque de que el ajuste fiscal pasa por introducir una regla o techo de gasto "a todos los niveles de gobierno", lo que incluye a las comunidades autónomas.

La UE tiene dudas sobre las fusiones de cajas y su gobierno corporativo

Salgado descarta subir impuestos a corto plazo para bajar cotizaciones

El examen de la Comisión se enmarca en la nueva estrategia de gobernanza económica europea que, como señaló el presidente de la Comisión José Manuel Durão Barroso, "exige una cooperación más estrecha que en el pasado". Esa cooperación, que en el futuro incluirá el examen de los proyectos de presupuestos, pasa por someter al análisis de la Comisión de los programas de actuación económica concebidos por cada país para crecer y crear empleo al tiempo que devuelven a las finanzas públicas la solidez perdida. Y del análisis vienen las recomendaciones.

El escrutinio sobre España no es particularmente agresivo, si bien las dudas están lejos de quedar disipadas en vista del endémico optimismo macroeconómico de Madrid. "Los resultados presupuestarios podrían ser peores de lo proyectado si las previsiones macroeconómicas no se hacen realidad", señalan los analistas de Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, que considera que las previsiones de crecimiento españolas son "demasiado optimistas". "Los riesgos aparecen como relativamente menores en 2011, pero son sustancialmente más importantes para 2012 y después. La incertidumbre envuelve las medidas de consolidación previstas a partir de 2013".

Los expertos de la Comisión sostienen que "las altas cotizaciones sociales de las empresas engordan los costes laborales no salariales y, en consecuencia, los costes laborales unitarios, además de obstaculizar la competitividad y distorsionar el régimen fiscal a través de precios más altos para el consumidor y menores beneficios operativos para las firmas". Los analistas prosiguen su razonamiento: "Reducir las cotizaciones sociales incrementaría en principio la competitividad no solo en los mercados externos sino también en los internos al reducir los precios de los productos nacionales frente a los importados, lo que podría contribuir a corregir desequilibrios externos". En España, existen "impuestos indirectos relativamente bajos y bajos impuestos a los derivados del petróleo, por lo que hay margen para incrementar los impuestos indirectos y especiales al tiempo que se reducen las distorsiones del régimen tributario".

Esas son las valoraciones de los técnicos, que en la recomendación oficial se vuelven más ambiguas. "Explorar la posibilidad de reducir las cotizaciones sociales" compensando el impacto en el presupuesto con cambios "en la estructura y los tipos de IVA y en la fiscalidad de la energía", sugiere la Comisión, en línea con propuestas frecuentes realizadas en el pasado por numerosos economistas y organismos internacionales. La vicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno, Elena Salgado, rechazó de plano esa propuesta. "No creemos que sea lo que tengamos que hacer". "No nos parece razonable una reducción de las cotizaciones sociales porque sirven para pagar futuras pensiones", comentó en los pasillos del Senado.

Tal desajuste entre Madrid y Bruselas no eclipsó otros puntos de acuerdo, incluido el muy políticamente cargado sobre las autonomías. Bruselas aplaude la intención del Gobierno español de tomar medidas adicionales si falta hace para responder a posibles desvíos presupuestarios. De hecho, para cumplir los objetivos presupuestarios fijados para 2011 y 2012 la Comisión recomienda que se garantice "el logro de los objetivos de déficit a todos los niveles de gobierno, incluida la estricta aplicación de los mecanismos existentes de control del déficit y de la deuda para los Gobiernos regionales".

Es la primera de las recomendaciones, recogida en un párrafo inicial de una serie de seis que concluye con otra: "Mantener el crecimiento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo mediante la introducción de una regla de gasto a todos los niveles del gobierno", entendido como Administraciones publicas. Esta recomendación no hace sino dar el visto bueno público al compromiso no sólo legal sino político contraído el pasado mes de marzo por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante los restantes líderes de la Unión reunidos en el Consejo Europeo. España señaló en su programa de estabilidad que la regla de gasto sería aplicable directamente al Gobierno central y a las entidades locales y que el Gobierno promovería "su adopción por las Comunidades Autónomas, a través del oportuno consenso y debate con todas ellas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera". Lo que pide Bruselas es que se aplique esa propuesta. Similar recomendación da a otros países como Alemania o Italia, pues esa regla de gasto es un acuerdo europeo.

Las cajas de ahorros, con su peculiar clientelismo político, no pasan desapercibidas a la Comisión. "Los problemas creados por el papel de las autoridades locales en la gestión de las cajas de ahorro están todavía sin resolver", nota Bruselas, que insiste en que hay que seguir la restructuración del sector de las cajas de ahorros y hacer frente a las "debilidades en su estructura de gobierno". Bruselas sostiene que la fórmula de las fusiones frías siembra "incertidumbre sobre una reestructuración rápida y eficiente".

La Comisión reclama un cambio radical del rígido sistema de negociación colectiva y del sistema de indización de los salarios, de modo que el crecimiento de los salarios refleje mejor la evolución de la productividad y la situación de la empresa. Además, Bruselas quiere que se evalúe a final de este año el resultado de la reforma laboral de 2010 y sugiere que se tomen nuevas medidas, "si es necesario", para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.

Algunas de las recomendaciones a España son una simple relación de las políticas ya adoptadas por el Ejecutivo, como la reforma de las pensiones o las incluidas en la ley de Economía Sostenible. Bruselas concluye reclamando, entre otras cosas, la liberalización de los servicios profesionales y la mejora de la coordinación entre las administraciones para descargar a las empresas del gravoso baldón de la burocracia.