El Banco de España insta a extender el techo de gasto a las comunidades

Para crecer mejor y crear empleo, recorte del gasto público. Para zafarse cuanto antes del castigo de los mercados financieros, recorte del gasto público. Para ganar competitividad, recorte del gasto público. Buena parte del informe anual que acaba de divulgar el Banco de España se consagra a la defensa del ajuste presupuestario no solo como una medida irremediable (el déficit público superó el 9% del PIB el año pasado), sino también como la más eficaz para salir de la crisis. Recetado el remedio universal, el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez insta a reforzar la disciplina para evitar desviaciones. "El cumplimiento estricto de los planes anunciados es inexcusable", ha dicho en la presentación del informe anual del Banco de España, que señala con el dedo (y con datos) a las comunidades autónomas.

Salgado: "Para que quede claro, no vamos a subir el IVA"

"Cerca de la mitad del ajuste previsto para cumplir con los compromisos adquiridos de reducción del déficit público hasta 2013 tendría que realizarse por comunidades autónomas y corporaciones locales", señala el informe del Banco de España, que como en ocasiones anteriores, respalda el plan establecido por el Gobierno para reconducir el saldo negativo de las Administraciones Públicas hasta el 3% del PIB. Para garantizar que el plan llega a buen término (y, más importante aún, que los inversores se lo crean), el organismo supervisor reclama "extender a las administraciones territoriales, y en particular a las comunidades autónomas" un límite anual de gasto como el que ya opera en la Administración central.

En las comunidades autónomas, recalca el Banco de España para justificar la exigencia de un techo, "las desviaciones de gasto en relación con las previsiones presupuestarias han tenido un carácter sistemático y superaron el 3% anual entre 1984 y 2007". El supervisor anima a aprovechar el debate abierto en la UE sobre estos límites de gasto para extender la medida a las comunidades. El Gobierno español ya ha adelantado que modificará la regla de gasto para adaptarla a las propuestas de la Comisión Europea: la idea de Bruselas es que el aumento del gasto público que se fije en presupuestos no supere en ningún caso el incremento previsto del PIB potencial nominal para ese año.

"Debe explorarse la aplicación en nuestro país de algunas de las ideas que se están barajando en el debate europeo en torno a los marcos presupuestarios más efectivos para garantizar la disciplina fiscal. En concreto, los marcos presupuestarios que combinan reglas de déficit público con límites específicos al gasto parecen ofrecer los mejores resultados, al permitir actuar sobre las fuentes primarias de los déficits públicos y obligar a que los excesos de recaudación por causas cíclicas se destinen a mejorar la posición fiscal", ha señalado Ordóñez en su discurso.

Algunas dificultades

Esto, como reconoce el Banco de España, implica varias dificultades: el límite se establece en función de una previsión. Y además, de una variable (el ritmo potencial de crecimiento de una economía) que no es real, que ha de estimarse. Más aún: al ser en términos nominales, hay que anticipar también la variación de los precios, para lo que el supervisor recomienda utilizar el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (un 2%). En cualquier caso, el resultado es restrictivo. El Banco de España estima que si una regla así hubiese estado operativa entre 1998 y 2007, la etapa de bonanza de la economía española, el superávit acumulado por el Estado habría sido del 8,2% del PIB, y no, como fue, del 1,9%. En una entrevista reciente, Pedro Solbes, vicepresidente económico en aquella etapa, lamentó no haber sido capaz de lograr un superávit mayor para afrontar la crisis económica que se venía encima.

"Una regla fiscal de este tipo aplicada al conjunto de las Administraciones Públicas durante los años previos a la crisis financiera, cuando la recaudación alcanzó crecimientos muy elevados pero en gran medida transitorios vinculados al auge inmobiliario, habría permitido mejoras de mayor calado en la posición fiscal subyacente y habría evitado el riesgo de sobrevaloración del margen de gasto disponible. Para maximizar su efectividad debe garantizarse su aplicación a todos los niveles de gobierno y se debe explicitar el mecanismo de corrección de las posibles desviaciones que se produzcan", ha explicado el gobernador.

El Gobierno tiene previsto aplicar esta nueva regla de gasto a los Presupuestos de la Administración central y de las corporaciones locales. Y ha planteado que las comunidades autónomas lo asuman de forma voluntaria mediante un acuerdo en el Consejo Fiscal y Financiero; el líder del PP, Mariano Rajoy, ha recogido el guante y se ha mostrado abierto a debatir una cuestión que plantea dudas entre los dirigentes regionales. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha afirmado que esta medida sería "conveniente, pero no es imprescindible". La opción más favorable para Salgado es que ellas mismas fijen un techo antes de aprobar su presupuesto, según informa Luis Doncel.

Varias comunidades autónomas se han desviado de los objetivos de déficit marcados en los dos últimos años. Y algunas, como Cataluña, han anunciado ya que tampoco cumplirán el objetivo este año. El Banco de España alaba la aplicación de algunas medidas por parte del Gobierno para encauzar la situación, como el desarrollo obligatorio de planes de reequilibrio, la negativa a autorizar nuevas emisiones de deuda autónomica o la presentación de resultados presupuestarios de las comunidades de forma trimestral. Pero sugiere "plantearse de cara al futuro la posibilidad de establecer sanciones como un mecanismo adicional de disciplina", aún cuando acepta que la experiencia europea plantea dudas sobre su aplicación efectiva.

"Todos los mecanismos de disciplina"

En su discurso, Ordóñez ha insistido sobre estas ideas presentes en el informe. "Se deben seguir utilizando todos los mecanismos de disciplina fiscal que proporciona nuestro marco presupuestario para corregir las desviaciones que pudieran surgir. Tal es el caso de la aplicación estricta y sin excepciones del sistema de autorizaciones de endeudamiento de las CC AA, por el cual estas se condicionan al cumplimiento de los objetivos de déficit y a la aprobación de planes de reequilibrio en caso de desviaciones", ha dicho Ordóñez.

La credibilidad del ajuste en las administraciones territoriales es una piedra angular en la receta del Banco de España para recuperar la confianza de los mercados. El supervisor insiste en que la consolidación fiscal que deben afrontar las Administraciones Públicas será más sostenible y eficaz si se hace vía gasto público. Del lado de los ingresos, aconseja, "cuando los incrementos impositivos sean necesarios", tirar de impuestos indirectos: IVA, especiales y medioambientales, tributos en los que la carga impositiva es menor que en otros países europeos. Y anima también a eliminar deducciones y exenciones en los principales impuestos. Recalca que esos gastos fiscales equivalen a una parte relevante de la recaudación real, aunque por motivos muy distintos: un 42% de los ingresos del IVA (por aplicar tipos reducidos), un tercio del IRPF (por exenciones en las rentas del trabajo o por compra de vivienda) y una quinta parte del impuesto de sociedades (ventajas en inversiones internacionales y en I+D).

No obstante, el Gobierno se muestra inflexible en cuanto a lo de tocar los impuestos. Tal y como ya sucedió la semana pasada con las recomendaciones de Bruselas, Salgado ha rechazado la posibilidad de un incremento del IVA. Tras participar en un acto con el Ministro de Fomento, José Blanco, la titular de Economía ha justificado que una subida de este impuesto incidiría al alza en la inflación y tendría un efecto negativo sobre el consumo. "Para que quede claro, no vamos a subir el IVA", ha enfatizado ante los periodistas tras defender que no no es necesario para devolver la sostenibilidad a las cuentas públicas.

Más crecimiento con menos gasto

El Banco de España defiende que un recorte acelerado y significativo de gasto público mejorará las perspectivas de crecimiento de la economía española al estabilizar la deuda pública, reducir los costes financieros por pago de intereses y recobrar la confianza de inversores y consumidores -un enfoque que se ajusta como un guante a lo que el Nobel de Economía Paul Krugman, muy crítico con este tipo de análisis, ha bautizado como la falsa ilusión de la austeridad-. Porque el supervisor del sector financiero sostiene que son las dudas sobre las cuentas públicas y el crecimiento potencial de la economía los principales motivos de desconfianza en los mercados; la situación del sector financiero español solo se cita en tercer lugar, no sin puntualizar que, hasta ahora, las ayudas a la banca superaron el 5% del PIB de la zona euro, frente al 2% en el caso español.

Para recortar el gasto público, el Banco de España lo tiene claro. Lo más eficaz es reducir las remuneraciones de los funcionarios, una medida en la que el Gobierno ya hace descansar un 30% del ajuste previsto hasta 2014. Tras recordar que las Administraciones Públicas emplean al 15% de los asalariados españoles, con una masa salarial que llega al 20% de la remuneración total, el informe señala: "Es la reducción de la remuneración de los asalariados públicos la que tiene mayores efectos positivos sobre el PIB en el largo plazo". El Banco de España sostiene que la extensión de esos recortes a los empleados del sector privado compensa de sobra, vía ganancias de producitividad, crecimiento y empleo, los efectos sobre el consumo de una merma de ingresos de los trabajadores. Y que si la reforma de la negociación colectiva funciona, ese contagio a los salarios del sector privado puede tener un impacto positivo en la competitividad "a corto plazo".

Reducir sueldos

El Banco de España apunta que reducir la masa salarial a través de eliminar empleos públicos tiene "límites, dado su posible impacto sobre la eficiencia y la suficiencia de los servicios públicos". Y minimiza la relevancia de las empresas públicas, "que representa menos del 5% del total del empleo del sector público en España". Lo que sí mantiene es que en "la remuneración por asalariado" hay "un cierto margen de ajuste", sobre todo en los empleos de baja cualificación donde, según sus cálculos, hay diferencias apreciables entre lo que se cobra en el sector público y en el sector privado.

El organismo supervisor aduce incluso que es necesario "racionalizar" el gasto en inversión pública. Argumenta que los rendimientos de las infraestructuras pueden ser ya en muchos casos decrecientes, dado el enorme volumen de inversión en la última década. Apunta también a una revisión del gasto sanitario, en la que habría que incluir alguna fórmula de copago. Y reclama una reforma de las políticas de empleo, para dar más fondos a las políticas activas (formación y búsqueda de empleo) y menos a prestaciones y bonificaciones. "La evidencia empírica disponible muestra que las prestaciones por desempleo tienen efectos negativos sobre la salida del paro, alargando su duración e incrementando la probabilidad de convertirse en estructural", dispara el Banco de España.

En su discurso de presentación del informe, Ordóñez ha reclamado también mayor transparencia a las comunidades autónomas: "Sería deseable disponer de una publicación regular del conjunto y de cada comunidad autónoma, con la misma periodicidad, grado de detalle, desfase y facilidad de acceso que las del Estado", que se publican de forma mensual y no trimestral, como las de las autonomías.