Andorra quiere alejarse del 'paraíso'

Andorra, el pequeño Estado incrustado en la frontera entre Francia y España, ha iniciado su particular revolución económica y fiscal para dejar atrás el sambenito de paraíso fiscal. El Ejecutivo andorrano ultima un paquete de reformas para abrir el país al capital extranjero, una ley de transparencia que obligará a las empresas a presentar sus estados contables e incluso un impuesto de sociedades en un país sin tradición en la imposición directa.

El principado sigue conservando peculiaridades. El secreto bancario es intocable. Y no hay derecho de huelga

La reforma más ambiciosa es la obligación de que las empresas realicen auditorías y presenten sus estados contables

Azúcar. Y mantequilla. En la década de los 80, las carreteras entre Andorra y Cataluña se hacinaban decenas de coches con los maleteros llenos de kilos y kilos de azúcar y demás productos básicos comprados en los supermercados andorranos. Eran mucho más baratos que en las tiendas españolas. Pero ese modelo de negocio está "próximo a la saturación", explica el jefe de Gobierno andorrano, Albert Pintat. El Ejecutivo prepara una pequeña revolución económica, en un país muy centrado en el comercio, la banca y el turismo, que incluye una mayor apertura al capital extranjero y un novedoso impuesto de sociedades con un tipo del 5% al 10%. Lo nunca visto en un país sin apenas tributación directa y con muy bajos impuestos indirectos.

La economía andorrana es pequeña, abierta y sólo moderadamente diversificada. El tamaño difícilmente va a variar demasiado, en un país con menos de 500 kilómetros cuadrados de superficie, 80.000 habitantes -la mayoría extranjeros- y, eso sí, una renta per cápita que roza ya los 40.000 euros, aproximadamente el doble de la media europea. El Gobierno del principado, de corte liberal, quiere acentuar la apertura y diversificar la economía. El Ejecutivo ultima un acelerón legislativo que persigue, sobre todo, salir de listas negras como la de la OCDE -la organización que agrupa a los países desarrollados-, que califica a Andorra como paraíso fiscal, junto a la mayoría de los microestados europeos.

Con las cuentas públicas saneadas -según los datos de Standard & Poor's-, el Estado pirenaico ha registrado en los últimos 15 años un crecimiento económico sensiblemente superior al de sus vecinos, España y Francia. Pero desde 2003 el PIB permanece prácticamente estancado. "El objetivo es duplicar el PIB hasta 2020. Y eso sólo se consigue haciendo autocrítica y mirando hacia delante", asegura Pintat.

El proyecto de ley sobre inversiones extranjeras, cuya aplicación está prevista para finales de este año, permitirá que inversores foráneos controlen el 49,9% de las empresas que operan en los sectores tradicionales -comercio, banca, turismo y construcción-, frente al 33% actual. En 10 años, esa participación podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 100%. Y para actividades sin implantación en el país, el control de las empresas extranjeras podrá llegar, de inicio, al 100%. "Nunca seremos un país fabril, porque no hay espacio, ni ese es el interés de los andorranos. Pero la nueva ley es una puerta abierta a actividades de servicios y a las empresas de nuevas tecnologías", explica el jefe de Gobierno.

Cambios ambiciosos

La reforma más ambiciosa es tal vez la obligación de que las empresas realicen auditorías periódicamente y presenten sus estados contables. "El objetivo es huir de la opacidad que se nos atribuye en determinados foros internacionales. Y más adelante dar el paso del impuesto de sociedades para tener un marco regulatorio ortodoxo, homologable al europeo", señala el jefe de Gobierno. La presencia en la lista de paraísos fiscales causa graves perjuicios a las empresas andorranas. "Cualquier operación, excepto en el caso del comercio, se grava con un 25% en España y con un 33% en Francia. Estas medidas tienen que servir para llegar a un acuerdo de doble imposición con España y Francia, y un pacto de amplio espectro con la Comisión Europea para dejar atrás ese agravio fiscal".

A pesar del esfuerzo por abrazar la ortodoxia, Andorra no deja de ser un Estado peculiar. En 1993 aprobó su primera Constitución -"antes éramos un objeto de derecho internacional no identificado", resume Pintat-, y ese año inició un lento proceso de modernización de sus estructuras, que aún conservan reminiscencias feudales, como reconoce el propio jefe de Gobierno. Andorra ya es miembro de las Naciones Unidas y pese a que quiere ser "más europea", el Estado pirenaico aún no contempla la posibilidad de ser un miembro de pleno derecho de la UE.

Pintat y su equipo tienen claras las reformas que pondrán en marcha en los próximos tres años, pero pasan de puntillas por otras cuestiones. Las estructuras políticas, sociales y económicas conservan peculiaridades. El secreto bancario es intocable. No hay derecho a la huelga. Recientemente ha trascendido que el Principado ha denegado el permiso de trabajo a un millar de extranjeros tras someterles a revisiones médicas, por problemas de salud tan dispares como tener hepatitis, diabetes, anticuerpos del sida, problemas con el alcohol y las drogas e incluso obesidad y miopía.

El jefe de Gobierno argumenta contra estas críticas que las reformas "irán llegando", pero añade que el secreto bancario en Europa "no es una exclusiva de Andorra" y existe en la propia UE: Luxemburgo, Bélgica y Austria. Respecto a las revisiones médicas para solicitar permisos de trabajo, aduce también que otros países las hacen. "El sistema de protección social andorrano es muy completo. El contrato laboral de un trabajador asegura a toda su familia Pero todo esto se ha sacado de contexto: en Andorra viven 50.000 extranjeros y sólo 30.000 andorranos", apostilla.