La Administración propone retirar el 60% de los teléfonos 800 denunciados

La Administración quiere acabar con el fraude en los números 800 (antiguos 906), aquellos en que el usuario paga un precio alto por servicios como horóscopos, consejos profesionales o contactos. Tras dos años de inspección, la Administración propone retirar 640 números de los 1.112 denunciados por los usuarios, lo que supone el 58%. La inspección ha abierto 14 expedientes a otras tantas empresas por valor de casi medio millón de euros.

La mayor parte del fraude se concentra en los números 800 que se publican en los anuncios por palabras de la prensa, y que incumplen normas como la de especificar el precio de la llamada. Otros fraudes son llamadas prometiendo falsos premios o un trabajo, o para prestar servicios de asistencia técnica.

Hace tan sólo dos años los llamados números 800 (entonces 906), que ofrecen servicios variados como horóscopos, llamadas eróticas, consulta del porvenir y otros servicios profesionales, suponían casi la mitad de las reclamaciones de los usuarios que descolgaban un teléfono. Ante la falta de controles y legislación, algunas empresas se especializaron en cometer fraudes generalizados. Como las llamadas de estos números son mucho más caras que las normales -entre 0,3 y 3 euros- retenían al cliente el mayor tiempo posible. Los timadores incitaban a llamar a un 807 para obtener falsos premios, viajes, encuestas, ofertas o concursos, e incluso prometían llamadas gratis haciéndose pasar por Telefónica. Cuando llegaban las quejas a la compañía telefónica y ésta cortaba las líneas, los estafadores daban de alta otros números y seguían con el fraude.

Código de conducta

Alarmado por la cantidad de denuncias, la Administración estableció un código de conducta vinculante tanto para las empresas que explotan los números como para las compañías telefónicas que les dan la línea. Si las empresas incumplen ese código, les retiran el número de tarificación adicional, pero si el incumplimiento es reiterado se les prohíbe contratar más líneas. La aplicación de esas medidas junto a una orden ministerial que protege los derechos de los usuarios ha propiciado que el número de quejas descienda y sólo represente ya el 2% del total.

Aunque la Administración no ha hecho pública la lista, las empresas más incumplidoras y a las que se les han solicitado la exclusión de números son: Intertel Serveis, More Minutes Communications, Participaciones y Regalos, Telecom Solutions Provider, Telesierra, Almaje Rodríguez, Actividades Digital Media, MD Medios Locales, OMG Creación Integral, Telemática 2010, Personal Logistic, Srenea 59, 123 Multimedia, Ampama Phone, Coditisel, Froggie, Geoexpress, Grandes Amigos, Iberaudiotex, Impresiones Better, Life Style Promotions, Nuintesa, Oro Internet, Powerboss, San Ginés Santa Coloma, Soluciones Box y Trasker Assets. Respecto a los operadores telefónicos titulares de la numeración utilizada por las empresas incumplidoras, el 41,7% de los cortes de línea propuesto correspondía a Uni2 (actual France Télécom), el 15,4% a Telefónica, el 9,2% a BT y el 7,8% a Auna Telecomunicaciones.

Para vigilar el cumplimiento de ese código se creó la Comisión Permanente de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Sanidad y Consumo e Interior.

Dos años después, la comisión ha revelado en su informe que a finales de 2005 había un total de 1.112 teléfonos denunciados, de los que se han comprobado un total de 1.042 teléfonos, proponiendo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la retirada de 640 teléfonos. Es decir, 6 de cada 10 teléfonos denunciados cometían fraude. Se archivaron las denuncias sobre 402 teléfonos (el 36,15% del total) y quedaron pendientes para su estudio y tramitación en este año un total de 70 números (el 6,30% del total de denuncias).

Además, de la retirada de números, los servicios de inspección de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones han abierto 14 expedientes a empresas y ha impuesto sanciones en esta materia durante 2005 por valor de 466.000 euros.

El informe de la Comisión Supervisora confirma el diagnóstico de la Asociación de Empresas de Servicios de Valor Añadido (AVA), la patronal de este negocio, que asegura que el fraude está localizado en apenas una docena de empresas de las 400 que operan en este sector, que mueve al año cerca de 300 millones de euros.