Los recortes acorralan al Gobierno

"Todas las luces rojas se han encendido". El equipo de Artur Mas, admiten fuentes del Gobierno, ha tomado conciencia de que sus recortes sociales han prendido la mecha de las protestas y ayer, en un movimiento inédito hasta la fecha, hizo comparecer al consejero de Salud, Boi Ruiz, para intentar apaciguar los encendidos ánimos que se han adueñado de hospitales y consultas. "Ningún ciudadano de Cataluña perderá ningún derecho sobre ninguna prestación sanitaria ni sobre ninguna gratuidad", aseguró Ruiz en un pretendido tono de solemnidad.

La reunión del Consell Executiu acababa de aprobar un acuerdo -textualmente: "Quedan garantizados el 100% de los servicios del triángulo formado por los ejes de la atención urgente, la atención a las enfermedades graves y la atención primaria"- confuso por su obviedad e inconcreción. Obvio porque ningún sistema sanitario puede siquiera plantearse dejar de atender a sus pacientes más graves y urgentes. E inconcreto porque deja abierta la puerta para que los recortes se ceben en todos los demás niveles de la sanidad pública: listas de espera para intervenciones no urgentes, pruebas diagnósticas, consultas con el especialista, salud pública, medicina preventiva, etcétera.

"Todas las luces rojas están encendidas", admiten fuentes del Ejecutivo

El PP dice que no apoyará las cuentas si se reduce el número de médicos

Los responsables del tripartito admitían con pesar que, tras siete años de Gobierno y a veces por necesidad y otras por impericia, se habían enemistado con casi todos los colectivos con capacidad de movilización. En apenas 100 días, el Gobierno de Artur Mas lleva camino de demostrar que es posible hacer lo mismo en mucho menos tiempo. Las manifestaciones se suceden día a día en los hospitales y el jueves, en la plaza de Sant Jaume, está convocada la primera gran concentración sindical contra los recortes en los servicios públicos. Todos los partidos de la oposición, incluido el PP, estarán presentes en la marcha, algo prácticamente inédito en Cataluña. Un líder sindical admitía ayer que, tras años de frustración por la dificultad de movilizar a su gente, ahora le cuesta mantenerse fiel a la estrategia marcada. "La gente me llama para salir a la calle ya. Están cabreadísimos", resumía.

Las duras palabras del lunes de Miquel Vilardell, principal asesor sanitario de Mas, al que pidió que se paralicen los recortes, parecen haber espoleado al Gobierno catalán para tratar de reconducir la situación. Los argumentos de Boi Ruiz, sin embargo, no parecen haber logrado disipar las dudas sobre unos recortes que podrían estar sumando masa crítica en contra. El sindicato mayoritario Metges de Catalunya calificó de "ridiculo" y "burbuja de aire" el acuerdo del Consell Executiu. "Es una señal inequívoca de que el Gobierno catalán ha perdido el control de la situación", afirmó su secretario general, Antoni Gallego. "Corremos el riesgo de transformar una planificación sanitaria seria en una medicina de guerra que solo atienda la emergencia sanitaria", agregó Gallego. El sindicato ha convocado hoy a sus delegados ante el Departamento de Salud.

CC OO, por su parte, lanzó en un comunicado un mensaje cargado de intenciones: "La extensión de las protestas logrará paralizar los recortes sanitarios".

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, consideró "esperanzador" el compromiso anunciado ayer por Boi Ruiz, aunque advirtió que la entidad colegial va a estar a la expectativa y no tolerará "recortes que sean inasumibles" o que pongan en peligro la calidad asistencial.

Padrós interpreta el anuncio de ayer como un reconocimiento del Gobierno catalán y del consejero Ruiz de que "la comunicación de los recortes era mejorable". "La escalada de informaciones que han ido apareciendo en las últimas semanas ha generado un ambiente irrespirable de pánico", añadió.La alarma por las protestas en la calle y el posible castigo en las urnas con vistas a las elecciones municipales se extiende también a qué ocurrirá con los presupuestos. El Gobierno catalán y Convergència i Unió (CiU) creían que, una vez abolido el impuesto de sucesiones también para las rentas más elevadas, lo tendrían fácil para lograr el apoyo del Partido Popular con el fin de sacar adelante las cuentas, pero no será así.

La presidenta regional del PP Alicia Sánchez-Camacho advirtió ayer al Gobierno de CiU que no debe contar con ella para avalar en los presupuestos los recortes en la sanidad pública. Sánchez-Camacho subrayó que el sistema sanitario público es "intocable" y que su partido no consentirá que se reduzca el número de médicos en la sanidad pública, que aumenten las listas de espera, que disminuyan las intervenciones quirúrgicas y que, en definitiva, se "reduzca la calidad" de la sanidad pública catalana. O sea que, si el Gobierno catalán lleva adelante su plan de recortes sanitarios, no tendrá el apoyo del PP ni del PSC, los dos partidos con los que contaba en primera instancia para aprobar los presupuestos. El PP, si bien lleva toda la legislatura intentando convertirse en muleta de CiU, no quiere asumir en solitario el coste de unos recortes tan impopulares como los que se avecinan.

A la vista de este conflicto, el Gobierno de CiU ha optado, al menos en público, por restar credibilidad a las palabras de socialistas y populares, a los que acusa de electoralismo. "Probablemente muchas cosas cambien después de las elecciones del 22 de mayo", dijo el portavoz del Gobierno, Francesc Homs. Pero la preocupación está ahí. La prueba es que el Ejecutivo anunció ayer una ronda de contactos urgente de los portavoces de todos los partidos con el consejero de Salud, Boi Ruiz, para abordar los recortes sanitarios y sus consecuencias. De estas conversaciones el Gobierno espera que cale el mensaje de que los recortes, si bien serán notables, no afectarán al corazón del sistema sanitario catalán. Y al menos el PP debería poder votar las cuentas del Gobierno de CiU.

Quien está desempeñando un papel todavía ambiguo acerca de los presupuestos es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Si bien los republicanos no son, ni mucho menos, la primera opción del Gobierno de CiU para estudiar un posible acuerdo presupuestario, han lanzado más de un guiño en este aspecto. Ayer mismo, la portavoz republicana, Anna Simó, dejó alguna puerta abierta al acuerdo. "Tenemos voluntad de colaborar, pero es difícil. Antes queremos conocer el alcance del recorte", dijo.

Pero el Gobierno catalán no está dispuesto a dar pistas, al menos hasta las elecciones municipales. Si bien asegura que presentará la semana que viene los planes de recorte en los hospitales para intentar acotar los daños, las cifras del presupuesto no estarán listas -o al menos no se harán públicas- hasta finales de mayo.