Un plan lento y poco definido

Tras dos años y medio de trabajo, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat presentó ayer en el Parlament el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2010-13, que define las directrices que seguir en la planificación de estas prestaciones durante los próximos cuatro años. El dilatado proceso de gestación del plan fue atribuido por la consejera, Carme Capdevila, al amplio proceso participativo que su departamento abrió con las entidades del sector en busca del consenso. Se realizaron 15 sesiones de trabajo territoriales con la participación de 900 personas, concretó Capdevila.

Pero la justificación de la consejera no evitó que los partidos de la oposición descargaran toda su artillería contra la tardanza del plan, mientras pasaron de puntillas sobre su contenido. El diputado del PP Rafael López acusó a Capdevila de haber tardado dos años y medio en elaborar un plan previsto para cuatro. "Es el departamento más lento de toda la Generalitat", ironizó, tras lamentar el "oportunismo" del mismo al presentar el plan a las puertas de las elecciones. Josep Lluís Cleries, diputado de CiU, reprochó a la consejera que presente una herramienta de planificación "en el momento en que se está acabando la legislatura". La consejera se defendió afirmando que el tripartito "gobierna hasta el último momento".

A pesar de que CiU presentó una enmienda de retorno del plan, la Comisión de Bienestar e Inmigración del Parlament lo aprobó ayer para que fuera trasladado al Gobierno catalán para su aprobación definitiva.

En la presentación ante los grupos parlamentarios, Capdevila describió ayer los principales retos y ejes de actuación de un plan que algunas entidades que colaboraron en su elaboración consideran demasiado "inconcreto", aunque celebran que haya sido debatido y consensuado con el sector. El plan va acompañado de un documento en el que se realiza un diagnóstico de la situación actual de los servicios sociales en Cataluña, cuya demanda ha crecido en los últimos años. Cada vez son más las personas que llaman a la puerta de los servicios sociales, ya que la crisis está generando nuevas situaciones de probreza y de exclusión social. Paralelamente, las últimas legislaciones (la Ley catalana de Servicios Sociales y la Ley estatal de la Dependencia) han dado a estas prestaciones un carácter más universal.

Ante este panorama, al que se suma un contexto de debilidad financiera de las administraciones, el plan estratégico apuesta por la "optimización de los recursos" y defiende el copago de los servicios por parte del ciudadano como una medida para asegurar la sostenibilidad del sistema. Este aspecto fue motivo de debate ayer en el Parlament. CiU preguntó a la consejera si estaba de acuerdo en que se pida un copago a los usuarios de las prestaciones sociales básicas (como la atención domiciliaria y la teleasistencia) cuando la Ley de Servicios Sociales recomienda la gratuidad en este tipo de prestaciones que son competencia de las administraciones locales.

La consejera fue arropada por el PSC y por ERC en su defensa del copago (la ley lo prevé, aseguró), pero no por ICV-EUiA. "Nuestra formación es muy crítica con el copago porque es repago", indicó el diputado ecosocialista Jordi Miralles.

Una de las propuestas concretas que contiene el plan es la implantación de la historia social única para todo usuario de las prestaciones sociales. Del mismo modo que la historia clínica que poseen los usuarios de la sanidad, la historia social de cada ciudadano será de acceso compartido por todos los dispositivos que integran la red de servicios sociales de atención pública (es decir, los que son de titularidad de la Generalitat, los de la administración local y los de la iniciativa privada concertados). La implantación de la historia social compartida debe facilitar la continuidad asistencial de los usuarios y evitar la diferencia de criterios de los profesionales, así como la duplicidad de diagnósticos.

La necesidad de ampliar la cobertura de los servicios sociales es otro de los retos incluidos en el plan. Para residencias de ancianos se cifra una necesidad de 6.300 plazas, además de otras 2.500 en centros de día. Para discapacitados deben crearse 4.500 plazas residenciales y otras 950 diurnas. Hasta 2013 se plantea también ampliar en 2,2 millones las horas anuales de ayuda domiciliaria y ampliar la teleasistencia a 38.000 nuevos usuarios. El coste estimado de estas medidas suma 619 millones de euros.