La nueva Agencia del Patrimonio crea inquietud en el sector y la oposición

Como una noticia bomba. Así recibieron los profesionales vinculados con el patrimonio la creación de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural el pasado 20 de julio. Una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat 2011, anunciaba el nacimiento de esta entidad que gestionará el patrimonio catalán. La sorpresa fue grande ya que la Generalitat estaba tramitando su creación dentro de la ley ómnibus de simplificación de la administración. Ni la Junta de Museos había sido informada del giro de 180 grados que había dado en su estrategia el equipo del consejero Ferran Mascarell. La situación ha comportado que, hoy por hoy, sean dos los textos -con distinto redactado-, que figuran sobre la mesa de los políticos: la aprobada que está a la espera de un reglamento, y la que sigue su trámite dentro de la ley ómnibus a la espera de que una enmienda de CiU la elimine, algo que no ocurrirá hasta septiembre. Paradoja que deja ver una descoordinación entre los departamentos del Govern.

La nueva agencia incluirá cinco centros y afecta a unas 200 personas

El rápido alumbramiento ha pillado a contrapié a los profesionales del sector, entre ellos más de 500 museólogos aglutinados en la Asociación de Museólogos de Cataluña (AMC) y a la oposición. Unos y otros acusan a Cultura de "malas maneras" y de usar la vía de urgencia para evitar el diálogo con los afectados: más de 200 personas vinculadas con la Dirección General de Patrimonio Cultural y con los cinco centros que pasarán a la agencia; cuatro museos: el de Historia de Cataluña, el Arqueológico de Cataluña, el Arqueológico de Tarragona, el de la Ciencia y la Técnica y de Arte de Girona y el Centro de Restauración. Por su parte, el PSC ha acusado a Cultura de menospreciar la labor parlamentaria, la participación del sector y el debate. Por eso, ha presentado una moción que pide debatir en sede parlamentaria el reglamento que ha de desarrollar la agencia.

Según el breve articulado de la ley aprobada, la agencia será una empresa pública, con personalidad jurídica propia que gestionará los recursos públicos que rondarán los 70 millones de euros anuales.

De "jugada de póquer" califica Xavier Menéndez, miembro de la Junta de Museos, la creación de la agencia. Según el experto, "pese a la indefinición del redactado se deduce que toda la actividad de la Dirección General se transfiere a la agencia, pero esta no desaparece ya que permanece como instancia política y de planificación, por lo que se duplican órganos, cosa que contradice la idea de reducir la administración".

"Agencia sí, pero no así", defiende Menéndez. Para él, "el organismo es una buena idea que puede fracasar por hacerse con precipitación, sin consenso ni debate, y por la puerta de atrás". Además, "ha nacido desprestigiada, con un procedimiento parlamentario viciado, erróneo y tramposo", remacha.

Carme Clusellas, presidenta de la AMC, asegura que ha creado mucha intranquilidad y confusión. "No estamos en contra; es bueno plantear nuevas fórmulas para agilizar la gestión, pero no queremos que se desatiendan elementos claves del patrimonio".

Para Clusellas, "la ley es ambigua, se mueve en una nebulosa y plantea interrogantes. No nos gustaría encontrarnos en septiembre con que tenemos que aceptar o rechazar un reglamento. Queremos dialogar", dice.

Por su parte, Joan Pluma, director general de Patrimonio Cultural, asegura para justificar el cambio de planes, que "hemos querido evitar un debate político que se alargue varios años, para que la agencia entre en funcionamiento cuanto antes". Según Pluma, los técnicos de su departamento trabajan para elaborar una primera propuesta que se llevará a debate con los organismos implicados y con el sector en septiembre. "Ahora sólo es un enunciado, pero queríamos tener el marco legal antes que no tenerlo y seguir moviéndonos en la entelequia de lo que vamos a hacer".