La irritación ciudadana crece en Cataluña

El aeropuerto de El Prat, en Barcelona, parecía a salvo del caos, pero ayer dejó claro que no da abasto. Se sumó a la lista de los innumerables servicios públicos que han entrado en colapso en Cataluña. Colas de una hora para facturar el equipaje, retrasos generalizados en los vuelos, overbooking y maletas que no llegan a su destino. AENA, que gestiona los aeropuertos y el domingo negaba que hubiera anomalías, decidió ayer expedientar a una empresa que presta servicios de tierra por no dar el servicio adecuado. En Renfe, un tren dejó tirados a 140 pasajeros al averiarse el convoy. Y en las autopistas, retenciones en la frontera con Francia y en el peaje de Tarragona que alcanzaron 12 kilómetros. Eso un lunes de agosto.

El Prat ha pasado de 19 millones de pasajeros en 2000 a 30 millones en 2006 con el mismo traje. Ya no le entra. El aeropuerto lleva una semana con más de un millar de operaciones diarias, entre aterrizajes y despegues. Un centenar más del tráfico habitual. Si la pasada semana, al inicio de la operación salida, los incidentes eran aislados, el domingo la situación empezó a torcerse, para desazón de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que seguía obstinada en negar cualquier incidente.

Pero los hechos son tozudos y el ente que gestiona los aeropuertos se vio obligado a sancionar a la empresa de handling (servicio de tierra) Flightcare, propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas. La razón: "No cumplir con los requisitos de calidad requeridos". Lo que en román paladino significa no atender a los pasajeros como es debido, ya que varios vuelos se vieron afectados el domingo "por falta de personal" de la empresa en cuestión.

Las circunstancias que el domingo dieron lugar a este expediente se agravaron ayer. La Terminal B, destinada a los vuelos del espacio Schengen, fue la más afectada. Las cintas que transportan las maletas para su clasificación se pararon durante más de una hora, lo que generó esperas que superaron ese tiempo para facturar. Incluso las máquinas automáticas de facturación registraron colas de 20 minutos. Al colapsarse las cintas, numerosos equipajes no llegaron a su destino. Fue un círculo que desembocó en retrasos generalizados en los vuelos. Acabaron de caldear el ambiente algunos casos de overbooking, lo cual obligó a las compañías a realojar a los pasajeros en otros vuelos y no siempre se pudo.

Al problema de falta de personal que denuncian los sindicatos se añaden las limitaciones de espacio de la infraestructura, diseñada para la Barcelona de 1992. De ahí la construcción de una nueva terminal, que no entrará en servicio hasta 2009. Pero ahora El Prat se ha quedado pequeño y obsoleto para el tráfico que debe soportar.

Más de 100.000 viajeros con sus más de 100.000 maletas pasaron ayer por un aeropuerto asfixiado de éxito. "La ampliación llega tarde, este colapso se produce todos los veranos", explicó ayer un representante sindical del servicio de tierra.

A su juicio, el problema de estos días tiene más que ver con el espacio que con la plantilla. Pero ésta, los trabajadores de servicio de tierra, tampoco lo tiene fácil. Se trata de un gremio muy castigado por la precariedad laboral y por la alta rotación. El convenio colectivo fija un sueldo mínimo bruto anual de 12.000 euros, que las compañías suelen elevar hasta 14.000 o 15.000. "Y eso para jornadas laborales de ocho horas, en domingo, en festivos, en condiciones muy duras, de mucho frío y calor en las rampas", agregó el portavoz sindical.

Los servicios de tierra y manejo de equipajes dependen de las compañías de handling y aéreas. En los que dependen directamente del aeropuerto, es decir, de AENA, el ente dependiente del Ministerio de Fomento ha tomado medidas para hacer frente al pico de actividad del verano.

El personal que trabaja en los filtros de seguridad se ha más que duplicado -ha crecido el 156%-, mientras que el de mantenimiento y electrónica ha crecido el 24%.

Sea suficiente o no, la división de operaciones, que comprende el personal del centro de control de operaciones y los señaleros de las aeronaves, ha reforzado su personal en un 20%, mientras que los técnicos informáticos han aumentado el 121% estos días. Entre el 5 de julio y el 5 de agosto han pasado por el aeropuerto más de 3,3 millones de pasajeros y se han facturado 2,8 millones de maletas.

Fallos en trenes y peajes

Las líneas de cercanías de Renfe funcionaron ayer con cierta normalidad, pero no las de media distancia. Un tren procedente de Reus y con destino a Barcelona dejó tirados a 140 pasajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders. Renfe habilitó otro tren para transportarles, pero con todo llegaron con más de 40 minutos de retraso a la capital catalana.

Los usuarios que la pasada semana se quedaron atrapados durante dos horas en el interior de un convoy cerca de la estación de Sants, lo cual provocó el colapso del sistema ferroviario de Barcelona, anunciaron ayer que denunciarán a la compañía ferroviaria por "negligencia" al no haber actuado con premura.

En las carreteras, las autopistas de peaje no se libraron ayer de las retenciones, a pesar de ser un lunes laborable del mes de agosto. En el peaje de Tarragona se registraron colas de hasta 12 kilómetros y 6 en El Vendrell, aunque estas últimas fueron originadas por un accidente. Similares retenciones se repitieron en La Jonquera, en la frontera francesa de la AP-7 en ambos sentidos.

Ayer aún coleaba la polémica por la decisión de la Generalitat de obligar a Acesa a levantar las barreras de los peajes en esta autopista cuando el sábado llegaron a formarse colas de 75 kilómetros. El consejero de Interior, Joan Saura, y el de Política Territorial, Joaquim Nadal, lo decidieron en conversación telefónica con el visto bueno del presidente, José Montilla. Manel Nadal, secretario de Movilidad, fue quien se lo comunicó al consejero delegado de Abertis, el grupo propietario de la consesionaria Acesa, Salvador Alemany.

Mientras que la Generalitat considera que Acesa no debe ser compensada por abrir los peajes, la concesionaria pide un acuerdo general entre la Administración y la patronal del sector que fije un protocolo para casos similares.