El choque de CiU con la realidad

El actual Gobierno de CiU recuerda más a la última legislatura de Jordi Pujol cuando, agotadas ya las ideas, actuaba por la mera inercia de dos décadas, que a los buenos tiempos del fundador de Convergència. Aquellos tiempos en que Pujol se mostraba capaz de liderar, de presentar como victoria propia cualquier pacto con el PSOE o con el PP, de dirimir entre Miquel Roca y Duran Lleida. El actual es un Gobierno que duda, perplejo ante la brutal caída que la crisis económica ha generado en los ingresos de la Generalitat, Gobierno que se muestra falto de reflejos para decidir qué aliados escoge y adecuar su programa electoral a esa realidad.

Ahora mismo, esa adecuación debería llevarle a, por lo menos, aplazar la supresión del impuesto de sucesiones en espera de que mejore la situación económica y presupuestaria. Esperar a un momento en el que no se produzca la escandalosa contradicción de estar recortando las prestaciones sociales alegando falta de ingresos fiscales y, al mismo tiempo, reducir la recaudación suprimiendo un impuesto que solo afecta ahora a los ricos. Ya que no apuesta por reducir las desigualdades socioeconómicas, que es la razón de la existencia del impuesto de sucesiones, por lo menos debería no contribuir a aumentarlas favoreciendo a la minoría rica en momentos de crisis aguda.

El Gobierno de Artur Mas parece perplejo por el impacto que está teniendo la crisis económica en la Generalitat

Esto es lo que aconseja el sentido común. Pero no. Artur Mas se siente atrapado por un PP que le exige suprimir impuestos y un Duran Lleida que le recuerda que esta fue una solemne promesa de hace apenas cinco meses en las elecciones autonómicas del otoño. Y no parece capaz de adaptarse a la cruda realidad presupuestaria, de rectificar sobre la marcha. Tiene su lógica: se trata de cumplir antes de las elecciones municipales, para las que faltan apenas dos meses, un compromiso electoral que, entre otras cosas, mantenga su credibilidad frente a la competencia del PP en los segmentos pudientes del electorado.

Estando en minoría como está en el Parlament, Mas necesitará el apoyo de otras fuerzas para aprobar el próximo presupuesto de la Generalitat y puede que las vacilaciones presentes, el intento de salir por la tangente, este sí pero no, representado por la casi supresión del impuesto, pero dejando un trocito, sea debido sobre todo a la voluntad de no decantarse entre PP y PSC antes de las elecciones municipales. Puede. Pero un año después de las municipales llegarán las legislativas y lo que no parece aconsejable es que el Gobierno se mantenga meses y meses en este tipo de indefiniciones en época de crisis.

Lo que Mas ofrecía al postularse como presidente era un Gobierno fuerte, solvente y capaz de adoptar decisiones y el contraste entre aquella oferta y la realidad de sus primeros 100 días es espectacular. Nadie sabe muy bien qué va a hacer este Gobierno ante lo que realmente importa, que es cómo contribuir a que la economía salga de la crisis, aparte de llevarse las manos a la cabeza cada vez que ahonda en su conocimiento de la realidad. Da la impresión de que CiU estaba en la creencia de que su retorno a la Generalitat sería como un retomar el hilo tras una pausa de siete años, de que todo sería como antes. Su choque con la realidad ha sido de campeonato. El país no está como hace 10 años, no lo están su economía, su población, ni sus servicios públicos. CiU ya no vive en los buenos tiempos del Pujol pletórico. Ni la Generalitat es lo que era entonces. Los siete años de la izquierda la han convertido en otra, mucho más potente. Todo ha crecido. Pero, en tiempos de crisis, también los problemas y las responsabilidades, claro.

A las evidentes dificultades del Gobierno de Mas para hacerse cargo de la situación ha venido a sumarse en los últimos días un asunto, el del falso currículum universitario de la vicepresidenta Joana Ortega, que ha significado la puntilla para el eslogan del Gobierno de los mejores, al que tanta publicidad se dio. De nuevo, se ha demostrado que los verdaderos hombres fuertes de este Gobierno no tienen el rango de consejeros. Ha sido Duran Lleida quien ha forzado la decisión sobre el impuesto de sucesiones y quien la ha comunicado no ha sido el consejero de Economía, sino Germà Gordó, que es secretario, y no portavoz, del Ejecutivo.