Una causa secuestrada

"La nueva trampa de la misma ETA". "Los proetarras dicen ahora que rechazarán la violencia de ETA". "Batasuna no condena a ETA". "ETA presenta su nuevo partido. Batasuna intenta burlar la ley con una condena engañosa de la violencia". Así ha respondido, a coro, la cada vez más nutrida ultraderecha mediática madrileña a la presentación, esta misma semana, del nuevo partido de la izquierda abertzale. ¿Quién necesita que intervenga la Abogacía del Estado, la Fiscalía o los jueces, si todas esas portadas ya han dictado sentencia sumarísima e inapelable?

Incluso dejando al margen las renovadas denuncias de Jaime Mayor Oreja sobre el "pacto entre el Gobierno y ETA" -a Mayor ya puede aplicársele lo que José Antonio Primo de Rivera dijo de cierto ultra lunático de su tiempo, el doctor Albiñana: "es una cosa de manicomio"-, la reacción oficial del Partido Popular no ha sido mucho más matizada que la de su obsesivo eurodiputado. La número dos, Dolores de Cospedal, dejó claro el pasado lunes que ni el carácter intachable de los estatutos de la nueva formación, ni su desmarque de ETA, ni la eventual coalición con partidos legales, ni nada de lo que la izquierda abertzale pueda hacer o decir en un futuro inmediato ("aunque gritasen ¡Viva España!", ha precisado un dirigente del PP vasco), nada de eso les da derecho a presentarse a las elecciones de mayo. Más que reclamar el respeto a la legalidad vigente, el PP formula un veto ideológico y un juicio de intenciones que cercena los derechos políticos del 10% o el 15% de la sociedad vasca y, además, se arroga la potestad de mantener o levantar aquel veto con total arbitrariedad.

El PP formula un veto ideológico y un juicio de intenciones que cercena los derechos políticos del 10% o 15% de la sociedad vasca

En buena medida esta situación, y la capacidad de chantaje del PP sobre el Gobierno socialista en la materia que nos ocupa, se deben a que, desde hace por lo menos una década, la bandera del rechazo a la violencia terrorista y de la defensa de sus víctimas -una causa transversal, compartida por todos los demócratas sean de izquierda, de derecha o de centro, españolistas o antiespañolistas-, esa bandera ha sido secuestrada y monopolizada por un magma de asociaciones, fundaciones o plataformas de sesgo ideológico tan marcado como extremista: véase, verbigracia, Voces contra el Terrorismo, del inefable Francisco José Alcaraz. Dicho magma, en estrecha alianza con la gran coalición del periodismo ultra, condiciona al PP y, a través de él, se ha erigido en un serio obstáculo para cualquier final plausible de ETA.

Seguramente, bajo la influencia discursiva de este lobby antiterrorista no solo el PP, sino incluso Pérez Rubalcaba o algunos juristas académicos han apelado, para rechazar la legalización del nuevo partido abertzale, a argumentos bien singulares. "Son muchos años de violencia y la credibilidad de Batasuna es la que es", dijo el vicepresidente del Gobierno; cierto, pero ¿significa eso que lo que fue Batasuna debe pasarse otros tantos años (20, 30, 50...) desmarcándose de ETA, y solo entonces se le dará crédito? ¿Cuánto durará la cuarentena? Tienen que condenar también la violencia pasada, sostuvo entre otros De Cospedal. ¿Remontándose hasta qué fecha? ¿Hasta condenar las muertes de Luis Carrero Blanco, o del esbirro franquista Melitón Manzanas...? No se han arrepentido, arguyen otros. Y el PSOE, ¿ha hecho grandes actos de contrición por los asesinatos de los GAL? Y el PP, ¿ha asumido alguna responsabilidad por haber, en su día, acogido a García Damborenea con los brazos abiertos? Los promotores del nuevo partido tienen trayectorias muy connotadas, se añade. Pero, ¿han sido condenados como miembros de ETA? ¿Permite la ley someter a ostracismo político perpetuo a unos ciudadanos solo por su biografía militante?

El repudio de la violencia política y el deseo de ver el fin de ETA deberían agruparnos a todos. Pero algunos saben, además, que sin la aplicación de la Ley de Partidos no estarían hoy cogobernando la Comunidad Autónoma Vasca. Y el deseo de preservar ese estatus sin duda les pesa.

Joan B. Culla i Clarà es historiador