Un bar contra sus vecinos

Este es un caso de acoso inmobiliario, pero al revés. Lo llaman mobbing vecinal. El propietario del bar La Cripta, en el barrio de Horta, denunció a sus vecinos porque, supuestamente, impidieron a los técnicos del Ayuntamiento realizar unas pruebas acústicas en sus casas. Los exámenes de sonido pretendían comprobar los supuestos ruidos que los vecinos habían denunciado y que llevaron al Consistorio a reducir el horario de apertura del establecimiento. Ayer se celebró el juicio contra los inquilinos del 1º 1ª y el 1º 2ª de la calle de Tossa, 8, que se enfrentan a una indemnización de un millón de euros.

El propietario del local los denunció por haber impedido hasta seis veces en tres años que los técnicos municipales hicieran las pruebas. Los resultados de estos análisis son necesarios para insonorizar un local de manera adecuada. En el juicio, celebrado en el juzgado de primera instancia 23, los vecinos adujeron que estaban "trabajando o de vacaciones en el pueblo" y que no querían evitar las pruebas. El abogado del bar, Joaquim Boadas, cree que actuaron "con mala fe, temeridad y abuso de derecho".

Carmen Fernández Sarmiento, una de las demandadas, insiste en que el problema "era que cuando venían no nos iba bien por trabajo o por motivos familiares". "Es injusto que nos denuncien", asegura por teléfono.

La historia empezó en 2004. Los vecinos denunciaron al bar La Cripta por ruidos y el Ayuntamiento acordó reducir el horario del local hasta las diez de la noche, en lugar de las tres de la madrugada, mientras no fuera insonorizado. Tres años después, y todavía sin haber realizado las pruebas de sonido, el Consistorio solicitó una orden judicial de entrada a domicilio para contrastar la denuncia de los vecinos, algo que sólo sucede tras "un incumplimiento grave, flagrante e injustificado", señala Boadas. Finalmente, a principios de 2009, el propietario de La Cripta pudo recuperar el horario habitual de su bar. Ahora, reclama un millón de euros de indemnización a los vecinos por "las pérdidas económicas y los daños morales" que ha sufrido durante estos años de "acoso continuado y maquiavélico". Mientras los vecinos de local impedían supuestamente las pruebas de ruido, el propietario del bar tuvo que redefinir su fórmula de negocio. El billar y los cubatas dieron paso al café con leche y al cruasán de la mañana.

Los vecinos del primer piso no son los únicos demandados. El abogado de La Cripta reclama 400.000 euros (incluidos en el millón de indemnización) a la comunidad de propietarios por haber instalado ilegalmente una puerta en los bajos del edificio que obstruía la salida del local. Los vecinos se negaron a arreglarla, cuenta Boadas, y el Ayuntamiento cerró el local durante siete meses.

El abogado asegura que ésta es la primera vez en España que un local lleva a juicio a unos vecinos por un supuesto caso de contaminación acústica.