Las ayudas a la dependencia se desploman con el Gobierno de Mas

Los recortes de CiU parecen haber llegado a la Ley de Dependencia sin anuncio previo: las prestaciones otorgadas por el Gobierno catalán en virtud de esta norma cayeron el 34,4% en este primer trimestre de mandato de Convergencia con relación a la media mensual de 2010, según los datos oficiales que el Imserso publica según las cifras que cada comunidad autónoma remite al Gobierno central.

"Es un recorte encubierto. Reducen la velocidad de aplicación de la ley para ahorrar dinero", lamentó ayer Eva Granados, diputada y portavoz de política social del PSC. La Generalitat rechazó ayer cualquier retraso voluntario, pero admitió dificultades en la aplicación de la norma por "la desorganización que hemos encontrado en la gestión de la ley", señaló la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Carmela Fortuny, con relación al Gobierno tripartito.

Esta añadió que las cifras del Gobierno central y las que maneja la Generalitat no pueden compararse porque presentan "desviaciones" entre sí. Pero los datos del Imserso, comparados entre sí mismos, reflejan un desplome que se traduce en menos plazas de residencia adjudicadas y una menor aportación económica para proporcionar servicios a personas dependientes.

La media mensual de prestaciones que la Generalitat otorgó a dependientes en 2010 ascendió a unas 6.000 personas al mes, mientras en el primer trimestre con CiU en el Ejecutivo esa cifra ha caído hasta los 4.000 beneficiados al mes. La Generalitat, por su parte, sostiene que se mueve lastrada por los problemas heredados del anterior Gobierno. "Los retrasos derivan de una norma muy compleja que ya arrastraba problemas cuando llegamos: encontramos unos 55.000 expedientes pendientes de resolver y otros problemas técnicos", señaló la directora general del ICASS. Fortuny detalló que el Gobierno catalán sí ha detectado un mayor número de retrasos en zonas concretas. "Especialmente en el área urbana de Barcelona, donde la Generalitat recibe más solicitudes", precisó para asegurar que se está trabajando en un plan de actuación para acelerar el cumplimiento de la norma.

Los datos sí reflejan que de las 337 plazas residenciales que la Generalitat concedió cada mes a dependientes en 2010 se ha pasado a perder 39 plazas cada mes este primer trimestre: se trata de plazas que quedan liberadas por un dependiente y que la Generalitat no otorga a otras personas que han solicitado esta ayuda. También que la aportación económica para adquirir servicios como horas de asistencia domiciliaria han caído de 215 prestaciones mensuales a apenas 7, según las cifras publicadas por la Imserso que la Generalitat no admite como propias. Los dependientes que figuran registrados en el Imserso, sin embargo, son aquellos que tienen derecho a cobrar ayudas de la Administración. "Si no aparecen en esa lista, no cobran. Los datos oficiales son los que maneja el Gobierno central", detalló José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Los datos demuestran de manera inequívoca un estancamiento de la Ley de Dependencia en Cataluña. Esta comunidad avanza hacia el low cost de la dependencia", advirtió.

Este diario intentó obtener la versión del consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, sobre la posibilidad de que el departamento estuviera aplicando una política de recortes no anunciada. El consejero no respondió a las llamadas pero un portavoz rechazó la mayor. "Es absurdo hablar de recortes: la Ley de Dependencia es retroactiva, lo que no paguemos ahora tendremos que pagarlo más tarde", señaló. La aplicación de la Ley de la Dependencia ha sido tan lenta que 17.274 personas con derecho a la prestación fallecieron en Cataluña sin haberla recibido. Los herederos de esas personas recibirán la ayuda, según han señalado varias sentencias del Tribunal Supremo. Pero esos pagos se producirán en una fecha por definir y pueden tardar años en concretarse, advierten entidades de afectados por el impago.

Tras un sinfín de recortes en distintas áreas, los sindicatos se hallan preocupados por el futuro de la ley. "Desde hace unos meses hemos detectado que hay muchos más retrasos a la hora de aplicarla", coincidió la responsable de política social de CC OO, Aurora Huerga. "Ahora el proceso está empezando a ser más largo, no sabemos por qué. Tememos que pretendan congelar las ayudas; quieren sacar la tijera pero no pueden jugar así con esta ley: se trata de personas", añadió.

"Son datos que reflejan una caída evidente", precisa Ramírez. "Y en los próximos meses los datos pueden ser peores", añade, "porque la burocracia que implica la ley hace que todavía no hayan podido detectarse todos los retrasos".

Cleries, azote del tripartito en la anterior legislatura por los retrasos que la Generalitat acumulaba entonces en el cumplimiento de la ley, ya anunció en el Parlament el pasado febrero que cerrará el grifo a las ayudas por dependencia moderada a la que por ahora tienen derecho 24.923 personas en Cataluña. La ley fija que estas ayudas debían entrar en vigor el pasado enero y las respectivas solicitudes ya se amontonan sobre la mesa del Departamento. "La aplicaremos a partir de junio, una moratoria que permite la norma", justificó ayer la directora general del ICASS.

"No solo están recortando los derechos de las personas que sufren dependencia grave, sino que se niegan a incluir en la ley a las que sufren una dependencia moderada. Deberían reforzar el sistema para atender a toda esta gente, pero solo piensan en seguir recortando", lamentó la diputada socialista, Eva Granados.