Los Mossos denuncian por primera vez a vecinos por boicotear un desahucio

El incipiente movimiento que trata de evitar el desahucio de quienes son incapaces de hacer frente al pago de cuotas de su hipoteca ha vivido un salto cualitativo con la denuncia presentada ante el juez por los Mossos d'Esquadra contra 13 vecinos y activistas que el pasado 9 de febrero trataron de boicotear el desalojo de una familia en Vic. Medio centenar de personas se interpusieron en vano aquel día entre el secretario judicial y la familia formada por Ernest Owusu y su esposa, Anita Twenenoda. La pareja, de origen ghanés, tiene dos hijos, de seis años y uno, y ella estaba embarazada del tercer hijo. Tras algunos momentos de tensión y sin que se registraran incidentes importantes, la policía catalana logró que el desahucio se llevara a cabo.

Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que desde el pasado octubre ha logrado frenar 16 desahucios, el fracaso no alteró su plan de apoyo a los afectados. La sorpresa llegó hace un mes, cuando 13 de los vecinos y activistas que participaron en los hechos recibieron una citación judicial por desobediencia y resistencia a la autoridad. Es la primera vez que la policía catalana eleva al juez este tipo de denuncias. El juicio de faltas, que se celebrará en julio, puede acabar con una multa de entre 50 y 300 euros para cada denunciado.

Uno de ellos es el exconcejal de la CUP Quim Soler. "Lo único que hicimos fue estar allí con pancartas para apoyar a la familia", recordó ayer. "Que la policía haga esto no es normal. Debe de ser una estrategia para espantar a la gente", añadió Soler. Una opinión que comparten el abogado de algunos de los inculpados, Antoni Iborra -"hay una voluntad intimidatoria"-, y el letrado Jaume Asens, ligado a los movimientos sociales de Barcelona. "Las denuncias intentan frenar el movimiento", subrayó. La plataforma considera "inverosímiles" las denuncias de Vic, aunque las ve como un intento de justificar el vasto operativo policial de aquel día.Los Mossos, por su parte, aseguran que "no ha habido un cambio de estrategia. Si hay delito, se actúa. Si no lo hay, no se hace", aseguró ayer un portavoz.

"Vamos a tomar medidas. Ahora encima quieren denunciar a personas que, solidariamente, quieren impedir un desalojo", lamentó ayer Lucía Delgado, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Delgado tachó de "anómalo" el caso de Vic, aunque admitió que cuando paralizan un desahucio les amenazan "con volver con más policía".

El auge del movimiento del 15 de mayo ha disparado el apoyo al boicoteo a los desalojos. En la plaza de Catalunya hay instalada una pizarra con las direcciones de los inmuebles donde se prevén los siguientes desahucios y se anima a la gente a participar para impedirlos. "Ha sido muy positivo para que la gente conozca lo que hacemos y las familias se sientan apoyadas", explicó Delgado. En Madrid se ha creado una plataforma inspirada en la barcelonesa.

La PAH tiene un protocolo de actuación que pide que se siga en cada acción. La premisa básica es que sea pacífica. "Si hubiera un despliegue policial especial lo sabríamos, porque el juez tendría que notificárselo a los propietarios", indicó Delgado. Interior apuntó ayer que siempre que los Mossos intervienen en un desahucio lo hacen por orden del juez.

De las 18 veces que los miembros de la PAH se han plantado frente a una vivienda para evitar que echasen a las personas que habitan en ella en Cataluña, solo han fracasado en dos ocasiones, según dijo ayer Ada Colau, miembro también de la plataforma. Uno es el caso de Vic. Otro, el de Calafell, donde "incluso cortaron la calle la noche antes para evitar que pudiésemos llegar", aseguró Colau. Aunque antes de llegar a eso, se busca la mediación con las partes implicadas (o sea, también con los bancos) para intentar que se aplace el desalojo mientras se busca una alternativa.

La plataforma entiende que una actuación policial contundente en cada desahucio acabaría llamando a más gente y resultaría contraproducente. "La reducción del Estado social provoca un aumento del Estado policial para reprimir las contestaciones ciudadanas", opina el abogado Jaume Asens. El consejero de Interior, Felip Puig, anunció la semana pasada su deseo de aumentar el número de antidisturbios para contener los movimientos violentos.

Tras ser desalojados del número 8 del paseo de Pep Ventura de Vic, Ernest, Anita y sus dos hijos pequeños fueron a vivir a un pequeño piso cedido temporalmente por el Ayuntamiento de Vic. Es una de las viviendas que el Consistorio tiene disponibles para urgencias como derrumbes o casos de violencia doméstica. Cumplido el límite de un mes y ante la imposibilidad de encontrar un nuevo hogar a precio asequible, la familia se ha quedado en el piso pagando un alquiler justo, según la portavoz de la PAH de Osona, Assumpta Ordeig.