Juzgados 13 activistas en Vic por entorpecer un desahucio

Un total de 13 vecinos y activistas de Vic declararon ayer ante el juez por desobediencia y resistencia a la autoridad. Su falta, según una denuncia de los Mossos d'Esquadra, es intentar boicotear el desahucio de una pareja, también encausada, y sus hijos. Es la primera vez en España que una acción de este tipo acaba ante los tribunales. El fiscal da por probado que se quebró una orden judicial y se cometió un delito leve de desobediencia. Por eso solicita una multa de 300 euros para 11 de los denunciados, cantidad que en el caso del matrimonio desalojado rebaja a los 120 euros por motivos humanitarios. Por su parte, la defensa solicita la absolución.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de febrero. Ernest Owusu y Anita Twenenoda, de origen ghanés, y sus hijos de seis y un año fueron requeridos judicialmente para abandonar su vivienda al no poder pagar la hipoteca contraída con el Banco Santander. Medio centenar de personas, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras entidades, intentaron evitarlo. Primero mediante el diálogo y después sentándose ante el portal. Un amplio despliegue policial, con efectivos de los Mossos d'Esquadra, entre ellos una unidad antidisturbios, y de la Guardia Urbana sacaron uno a uno los manifestantes para poder acceder a la vivienda. Según la declaración de los denunciantes y otros miembros de la policía catalana, no se produjo ningún otro altercado en el exterior.

El abogado de la mayor parte de los encausados, Antoni Iborra, denunció en su alegato final una colisión de derechos. Asegura que tanto la entidad bancaria ejecutora como la justicia cometieron un error al primar el derecho a la propiedad privada por encima de otros como el del bienestar de la infancia y la protección de la familia.