El Gobierno de CiU supo en 2003 que Millet desviaba fondos públicos

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán -entonces presidido por Jordi Pujol- lo sabía ya en junio de 2003, cuando la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron del consorcio 539.424 euros insuficientemente justificados en concepto de "colaboraciones" hacia la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos. La Sindicatura de Cuentas ya había advertido un año antes que estas aportaciones eran irregulares.

Millet se embolsó 107.300 euros por un "contrato verbal" con la Administración

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones: el consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen del desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificó el presupuesto sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.

La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros. El Palau justificó esa inyección de dinero como "una cuantía variable por colaboraciones". La advertencia era ya suficiente para alertar a Economía, encabezada por el convergente Francesc Homs, que había recibido otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía de que esos pagos del consorcio a la asociación eran prácticas irregulares. Fuentes consultadas se extrañan de que la intervención no abundara más en esas aportaciones, puesto que las relaciones entre entidades suelen analizarse más por el riesgo que conllevan.

El empleo irregular del dinero no terminó ahí. El interventor constató que los contratos de Millet y Montull eran "verbales". Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más del 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que en 2008 fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo sobre las cuentas del consorcio del Palau catalán también advirtió de que en el año 2002 no se realizaron "los arqueos de caja", es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que constaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista.

Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye "el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda". Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.