La tramitación de la norma se enreda en una maraña legal

La reordenación del sector público tampoco está exenta de dudas jurídicas y las consecuencias son imprevisibles. De entrada, se tramitó en pleno verano como decreto-ley, una figura pensada para casos de urgencia y cuyos objetivos sean imposibles de cumplir mediante una tramitación ordinaria. Sin embargo, juristas y sindicalistas dudan que una reordenación de la Administración se deba tramitar como algo urgente, ya que afecta a elementos fundamentales. Sin embargo, así se hizo y generó los primeros recursos de los sindicatos.

La representante del CSIF Alicia Martos añade que a este decreto se sumó el segundo, que recogía los aspectos pactados con UGT y CC OO, pero sin haber derogado el primero, por lo que cree que existen dos decretos sobre una misma regulación.

El pleno del Parlamento andaluz convalidará esta próxima semana el decreto modificado, aunque la intención es que se tramite como ley. Pero antes de que se debata, la Junta ya ha dado trámite de audiencia a las centrales sindicales para pasar el decreto por el Consejo Consultivo y después aprobarlo en Consejo de Gobierno antes del 31 de diciembre.

Alegaciones "sin sentido"

Los sindicatos Ustea y CSIF no han presentado alegaciones sobre los estatutos de las nuevas agencias fruto del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta porque han recurrido el acuerdo entre Junta, CC OO y UGT integrado en el decreto ley. "No tiene sentido presentar alegaciones a algo con lo que no estamos de acuerdo", justifica Ustea.

"En estas normas no sólo se ha quebrado desde el principio el derecho a la negociación colectiva o las condiciones de acceso a la función pública, sino que, al traer los estatutos a la mesa sectorial de función pública se quiebra el principio de jerarquía normativa y no tiene sentido el proyecto de ley que se va a tramitar en el Parlamento andaluz. La única vía posible ante esta situación es la derogación del decreto ley y empezar desde cero", afirma Martos.

Además, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto de reordenación. Pero cuando se vaya a pronunciar, éste ya habrá sido derogado por la ley. Fuentes del PP afirman que no importa porque el Constitucional se puede pronunciar sobre la orden, aunque no esté vigente, y tendría consecuencias políticas. No obstante, ya han anunciado que, si la ley mantiene los mismos términos que el decreto, presentarán otro recurso de inconstitucionalidad.