A prisión por el altercado de la perrera

El juez del juzgado número dos de Cádiz ordenó ayer prisión contra Simone Rigui, un ciudadano italiano que fue arrestado el domingo pasado durante unos altercados producidos tras una protesta contra la perrera del municipio gaditano de Puerto Real. El magistrado cree que hay riesgo de fuga porque el detenido, artista de profesión, no tiene domicilio fijo. Le imputa tres delitos de atentado contra la autoridad, alteración del orden público y resistencia a la autoridad por haber intentado agredir a la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez. Las penas por estas causas podrían superar los seis años de cárcel. La otra detenida en el tumulto, Isabel Somoscarrera, natural de Cádiz, quedó ayer en libertad bajo fianza de 3.000 euros.

El pasado domingo la asociación El Refugio, que protege los derechos de los animales, había convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Cádiz. Llegó a reunir a 2.000 personas solidarias con su causa. Este colectivo había revelado el día anterior el que consideraba primer procedimiento penal abierto en España por maltrato animal contra los responsables de una perrera. De hecho, tras una investigación de la Guardia Civil en la que se detectó el uso de paralizantes musculares para sacrificar los animales, un juez ha imputado al dueño, la directora, al veterinario y a un trabajador del centro de Puerto Real por este delito.

La protesta finalizó sin incidentes, aunque después un grupo de manifestantes se trasladó hasta la cercana iglesia de Santo Domingo, donde a esa hora la corporación local, con la alcaldesa a la cabeza, presidían la misa en homenaje a la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Los gritos e insultos se escuchaban desde el templo y fue a la salida del acto cuando la tensión aumentó y se produjo un intercambio de golpes que dejó a dos concejalas con lesiones. Carmen Obregón, del PP, recibió, según su testimonio, un "golpe fuerte" en la cara. Natalia Álvarez, del PSOE, fue zarandeada. El guardaespaldas de la alcaldesa también recibió un golpe para evitar que la primera edil fuera alcanzada por los manifestantes.

Declaración

El auto de prisión fue dictado ayer por el juez tras escuchar en declaración a los principales testigos del altercado, entre ellos, las dos concejalas y varios agentes de policía que confirmaron que Simone Rigui e Isabel Somoscarrera participaron activamente en los altercados. Fiscalía y acusación particular pidieron prisión preventiva para ambos. El juez decidía decretar esa medida para el ciudadano italiano tras constatar que no tenía domicilio y que había riesgo de fuga. Ayer ingresaba en la prisión de Puerto II. Somoscarrera quedó ayer en libertad con cargos bajo una fianza de 3.000 euros.

Los abogados de ambos han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial el auto de prisión porque sus clientes consideran "desproporcionada" la medida impuesta por el juez. Sólo por el delito de atentado contra la autoridad a cargo público los dos imputados se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años de cárcel. El juez podría aplicar las agravantes de acto público y premeditación. A eso habría que sumar las peticiones que se realicen por alteración de orden público y resistencia a la autoridad. Los detenidos han defendido su inocencia. Reconocen que insultaron a los ediles aunque dicen que también ellos recibieron improperios. Además denuncian haber sido agredidos por los agentes de policía que los detuvieron.