La olla a presión de los empleados de la Junta

El objetivo oficial de la reordenación del sector público es reestructurar la administración de la Junta de Andalucía para ser más eficientes, ahorrar unos 180 millones y mejorar los servicios públicos. El trasfondo final: establecer un nuevo modelo de Administración. El resultado, por ahora: movilizaciones permanentes, una maraña judicial de imprevisibles consecuencias, el rechazo generalizado de los funcionarios, independientemente de su filiación política, situaciones de acoso entre trabajadores y una oposición que está cosechando unos beneficios políticos inesperados.

Cuando el Partido Popular se sumó a las voces que consideran el decreto de reordenación una normalización del "enchufismo", el mensaje caló y el objetivo de la disputa, que hasta ese momento había sido legal, sindical y político, cambió y apuntó a los trabajadores. Las tensiones ya existentes y las creadas durante la negociación entre todo el personal de la Junta estallaron. Surgieron camisetas con la palabra "enchufado" y comenzaron los insultos a los empleados de los 350 entes instrumentales que, según el censo del Ministerio de Economía y Hacienda hace un año, hay en Andalucía.

Pacto con CC OO y UGT: "Se aplicará el Estatuto Básico del Empleado Público"

Alicia Martos, CSIF: "El decreto es un atropello a la Constitución"

Antonio, DAP: "Pasé por un proceso de selección recogido en convenio"

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades en entes públicos

"Estamos teniendo muchos problemas. Se dan situaciones muy comprometidas, incluso de acoso. Hay funcionarios que vienen a trabajar con las camisetas de enchufados, que silban cuando entramos y que nos hacen el vacío. No queremos echar más leña al fuego, pero no podemos aceptar este trato, en absoluto". Así resume la situación Rafael Mudarra, de UGT, quien pide a todos los compañeros que se sientan "amenazados o coaccionados" que lo digan porque tienen a su disposición los servicios jurídicos del sindicato. "Los funcionarios pueden defender sus derechos, pero queremos que nos dejen en paz y poder trabajar con dignidad", resume Mudarra.

La vicepresidenta del sector autonómico de la Administración General de la Junta en CSIF, Alicia Martos, rechaza tajantemente utilizar términos como los impresos en las camisetas y esas actitudes. "Esa palabra, por peyorativa y por injusta, nunca saldrá del CSIF". Pero, de inmediato, añade: "Tenemos indicios más que razonables de que el 80% de estas personas que prestan servicios en estas empresas públicas o fundaciones no han entrado de acuerdo a ningún criterio de selección objetivo. Que me enseñen el BOJA. Si son tan públicas, que me enseñen en qué boletín, en qué tablón de anuncios se publican las ofertas".

Antonio trabaja en la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) y está relacionado con CC OO. Niega tajantemente que realice trabajos que correspondan a los funcionarios, como acusan éstos a los empleados de empresas públicas, y que no haya pasado por un proceso de selección. Al contrario, afirma que la vía de incorporación está recogida en un convenio público e invita a cualquiera a revisar en el BOJA la carta de servicios que rige los trabajos de la empresa.

Antonio también ha detectado insultos y compañeros que le han retirado la palabra. Destaca que se han registrado pintadas en el material de DAP en Almería. Y no lo entiende. "Sólo hacemos nuestro trabajo. Yo voy a seguir siendo trabajador fijo con un contrato laboral en una empresa, aunque ésta cambie su CIF. Incluso tenemos perjuicios por trabajar para la Administración, pero no los beneficios. En mi empresa han cesado 600 y mi temor es que se esté defendiendo el despido de 24.000 trabajadores. La reordenación no supone la privatización ni yo gano nada ni quiero ser funcionario".

Pero éstos no opinan lo mismo. Afirman que los entes están realizando trabajos de funcionarios y lo argumentan con resoluciones judiciales. En la más reciente, del pasado día 23, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó la delegación de funciones de inspección, vigilancia y control en Egmasa. También dudan de la limpieza de los procesos de selección y esgrimen informes de la Cámara de Cuentas de la última década en los que se censura que media docena de empresas y fundaciones revisadas "carecen de información de la vida laboral o experiencia profesional del empleado" o insta a que los procedimientos de selección "mejoren" a través de "convocatorias públicas con criterios objetivos previamente establecidos que garanticen la idoneidad para el desempeño del puesto de trabajo".

También niega Martos que la reordenación deje intactas las condiciones laborales de los empleados. Mientras los trabajadores de los entes instrumentales afirman que no van a ser funcionarios, la representante del CSIF esgrime el primer punto del acuerdo pactado con UGT y CC OO y que motivó su marcha de la mesa de negociación: "Tienen la consideración de personal al servicio de la Junta de Andalucía y, por tanto, de empleados públicos, quienes prestan sus servicios en las entidades incluidas en el Título II y el Capítulo II del Título III de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, es decir, de su Administración General y de sus Agencias, sin perjuicio del régimen jurídico que corresponda, al que les será de aplicación el contenido de este acuerdo. Al citado personal le es de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores, así como su normativa de desarrollo". Según Alicia Martos, esta cláusula convierte en empleado público a todo el personal y considera que se vulnera hasta la Constitución.

Esta próxima semana, el decreto empieza su trámite en el Parlamento con la intención de que se convierta en ley. Pero no parece que vaya a ser el final de las movilizaciones ni de la tensión en la Administración. "No van a acabar con las movilizaciones. Los empleados públicos van a seguir. Y no son partidistas. Lo hacen porque es un atropello a la Constitución, a sus condiciones laborales y a los derechos de la ciudadanía".