El juez del 'caso Baena' dice que las facturas eran reales

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) no podrá personarse como acusación particular en el caso del cobro de presuntas facturas falsas a un constructor del pueblo por parte de trabajadores del Consistorio, un asunto que se encuentra en fase de diligencias previas y que investiga el Juzgado de Primera Instancia del municipio. Así lo ha decidido el juez, al considerar que el Ayuntamiento no es afectado directo en el tema, "pues se cumplieron todas las normas y requisitos exigidos para el pago de las facturas, de modo que, no sufriendo perjuicio alguno el citado consistorio (...) no se le puede tener por amparado".

El juez se basa en un escrito remitido por la Fiscalía el pasado 4 de marzo en el que se afirma que no hay razones suficientes para la personación puesto que "consta en las actuaciones un informe conjunto del Interventor y Tesorero" del Ayuntamiento, y un "informe de la Auditoría Externa de la empresa Moral y Silos Auditores S. L., según los cuales las facturas pagadas por el Ayuntamiento a Carpintería Metálica Jesús Gómez S. L. en el periodo examinado cumplen los requisitos exigidos (...) y se ha comprobado la realidad de las obras y suministros facturados".

El gobierno municipal no podrá ejercer la acusación particular

Fue el propio empresario Jesús Gómez quien, en junio de 2007, denunció ante agentes de la Guardia Civil y, posteriormente, ante la juez de Baena que había cobrado 12 facturas falsas por intervenciones inexistentes al Ayuntamiento. Dicho dinero habría sido devuelto a trabajadores del Ayuntamiento. Unos días después, Gómez volvió a los juzgados. Esta vez, para entregar un escrito de retracto de su primera declaración, en el que afirmaba que la falta de dinero en su empresa -suma que habría servido para hacer los cobros- se debía, en realidad, a pagos de deudas propias a "gente relacionada con en el mundo de la noche".

El Ayuntamiento de Baena, gobernado por el alcalde y senador del PSOE Luis Moreno, siempre ha defendido que detrás de ésta y otras denuncias anteriores -acerca de presuntos delitos contra la ordenación del territorio cometidos por miembros del Consistorio- se escondía una trama política y de rencillas personales liderada por Izquierda Unida, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento.

Fuentes del gobierno municipal mostraron ayer su contento, aunque también su cautela, por el auto del juez y esperan que sea un primer paso para el archivo definitivo del caso.

Las mismas fuentes esperan que con las próximas comparecencias en los juzgados de los agentes de la Guardia Civil que iniciaron la investigación; el empresario que denunció y luego se retractó; y la contable de éste, que dio la voz de alarma a su marido -agente de la Guardia Civil y hermano de María Jesús Muñoz, edil de IU personada en el caso como acción popular- entre otras personas, sirvan para dar carpetazo al asunto.

Por su parte, Izquierda Unida siempre ha negado que existiese ninguna trama política liderada por ellos o por ningún antiguo dirigente, como el del que fuera coordinador regional Luis Carlos Rejón, orquestando las denuncias.