La inspección tiene 'fichadas' 4.462 casas en suelo no urbanizable
54 municipios han pedido a la Junta un plan de revisión urbanística
Los ayuntamientos andaluces parecen estar cada vez más dispuestos a revisar la realidad urbanística de sus municipios y buscar soluciones al desorden que ha caracterizado su expansión en los últimos años. Por el momento, 54 consistorios han solicitado ya a la Junta de Andalucía acogerse al plan de inspección para restituir la legalidad urbanística. El trabajo aún está en una fase muy inicial de elaboración de un inventario de construcciones en suelo no urbanizable, y de momento ya se han identificado 4.462 casas.
El Plan General de Inspección 2009-12 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio plantea entre sus estrategias la colaboración con los ayuntamientos para controlar y frenar las construcciones ilegales en el suelo no urbanizable. En principio, la Junta identificó siete áreas preferentes de actuación donde se considera que este fenómeno es más grave, y ofrece a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la firma de convenios de colaboración para acometer un plan de inspección concertado.
Almería y Málaga presentan el mayor número de casos, 2.192 y 1.113
De los 52 municipios que han solicitado la colaboración de la Junta para poner al día urbanismo, 29 pertenecen a estas zonas (Valle de Almanzora, Freilas, costa de Vejer de la Frontera, entorno de Medina Azahara, La Axarquía, Sierra de Aracena y Sierra de Cazorla). Pero a ellos se unen otros 23 que, fuera de estas comarcas, presentan también un acuciado problema de ocupación del suelo no urbanizable, y donde se han trazado "actuaciones singulares", entre ellos algunos tan significativos como Chiclana, Tarifa, Algeciras y La Línea (Cádiz), Ayamonte (Huelva), Atarfe y Maracena (Granada), Estepona, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande (Málaga) o Pilas, Guillena y Arahal (Sevilla).
Los planes buscan primero la elaboración de un censo de todas las construcciones en suelo no urbanizable en cada municipio, con la elaboración de fichas en las que se especifiquen datos técnicos (localización, promotor, si tiene o no licencia o proyecto de actuación, si la tiene si lo ejecutado se ajusta a lo permitido), de ejecución (si está terminada, habitada o en que fase de obras) y jurídicos (si existe algún procedimiento judicial o administrativo) de cada construcción.
Hasta el momento, los inspectores han hecho ya las fichas de 4.462 construcciones que han encontrado en suelo no urbanizable en estos 54 municipios. Y es sólo una pequeña punta del iceberg, pues el trabajo de inventario no ha concluido aún en ninguno de ellos.
Almería es la provincia donde se llevan censadas más viviendas en suelo no urbanizable, 2.192, repartidas en los 11 municipios de actuación. En Málaga se han identificado 1.113 en siete pueblos de La Axarquía. En Sevilla se han censado 445 casas, 300 en Jaén -sólo en los términos de Quesada y La Guardia- y 284 en Cádiz. En el entorno de Medina Azahara se han identificado 99 construcciones. Más atrasadas van las provincias de Huelva, con 29 casas en suelo no urbanizable fichadas, y Granada, donde aún no se ha iniciado el inventario.
El plan concertado de inspección deben solicitarlo los ayuntamientos, a los que la Junta exige un acuerdo de pleno y el compromiso de no dar licencias en suelo no urbanizable y actuar disciplinariamente contra obras que carezcan de licencias.
Una vez realizados los censos, se definirán las estrategias de futuro. Los planes generales de ordenación urbana determinarán la suerte de las construcciones en suelo no urbanizable. Muchas podrán ser regularidazas, pero otras deberán quedar fuera de ordenación y algunas abocadas a la demolición. Todo ello se determinará en función del incumplimiento legal del que se trate. No todas las infracciones son lo mismo, y así por ejemplo nunca podrán ser legalizadas viviendas en suelo protegido, o que invadan cauces de río, que ocupen suelo reservado para infraestructuras, o en pendientes elevadas.
No inscribir parcelaciones
La salvaguarda de la legalidad urbanística es una tarea a la que se puede contribuir desde múltiples ámbitos. En ocasiones se ha discutido sobre el papel que juegan notarios, registradores de la propiedad, entidades bancarias y empresas suministradoras de servicios, por tramitar asuntos de viviendas que tenían las licencias impugnadas e incluso anuladas.
El registro de la propiedad de Dos Hermanas acaba de tomar una medida sin precedentes, al negarse a inscribir un lote de más de 30 escrituras resultantes de la división de una finca de 16.000 metros cuadrados realizadas en días sucesivos desde la trasmisión de ésta. El registrador sospechó de que el asunto podía esconder un caso de parcelaciones ilegales, y como cautela solicitó un informe a la Dirección General de Inspección Urbanística.
El artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohibe las parcelaciones urbanísticas, que en el caso del suelo no urbanizable define como "la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos". En la reforma que se realizó con ocasión de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo se incluyó además la consideración de "actos reveladores" de parcelaciones -por ejemplo la atribución de participaciones en un proindiviso-, lo que de facto otorga a notarios y registradores un arma para evitar desde el origen los intentos de parcelaciones.
Las parcelaciones ilegales son uno de los objetivos prioritarios de la inspección urbanística porque suponen la proliferación y consolidación de núcleos de población en el medio rural, sin servicios ni dotaciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.